Las propiedades ocultas de Calderón (proceso.com.mx)

Las propiedades ocultas de Calderón (proceso.com.mx)
Daniel Lizárraga

MÉXICO, D.F., 14 de marzo (Proceso).- Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como "socia", Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.

Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra "L".

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1741 de la revista Proceso, ya en circulación.

--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado

El FMI y la generación perdida / (La Jornada)

El FMI y la generación perdida / (La Jornada)

En el contexto de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se realiza en Washington, el director gerente del primer organismo, Dominique Strauss-Kahn, indicó que como consecuencia de la crisis económica de 2008-2009 se perdieron alrededor de 30 millones de empleos durante el año pasado, y pronosticó que deberán crearse 450 millones de plazas laborales en la próxima década para atender la demanda de jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo. A decir del funcionario, el severo déficit de puestos constituye una afectación a la estabilidad social que amenaza a la democracia e incluso a la paz, y coloca al mundo ante la perspectiva de una generación perdida, condenada a la falta de empleo.

Los señalamientos del FMI son, por principio de cuentas, una confirmación de la precaria situación que enfrenta la economía mundial como consecuencia de la mayor recesión en décadas, circunstancia que desvirtúa el desmedido optimismo de algunos gobiernos –incluyendo el de México– respecto de los signos de una recuperación económica por demás incierta e insatisfactoria. El propio FMI ha ajustado a la baja sus expectativas de crecimiento mundial y ha indicado que se prevé una desaceleración temporal durante la segunda mitad de 2010 y la primera mitad de 2011. Los pronósticos de empeoramiento de la situación económica ensombrecen aun más un panorama que no sólo enfrenta el lastre de la desocupación –unas 210 millones de personas en el mundo carecen de empleo, según datos del propio organismo–, sino también una proliferación de la desvalorización laboral: ayer mismo, la Organización Internacional del Trabajo indicó que la mitad de la fuerza laboral del mundo tiene un empleo precario y ocho de cada 10 personas en el planeta no goza de mecanismos de seguridad social.

Pero si la advertencia formulada ayer por el director del FMI se muestra –a la luz de los datos disponibles– dolorosamente acertada, su diagnóstico resulta cuando menos incompleto, si no es que incongruente. Y es que la incapacidad actual de las economías del planeta para generar empleos suficientes y dignos es atribuible en buena medida a la aplicación de directrices económicas como las que ese órgano financiero multinacional ayudó a imponer en diversas naciones en los pasados cinco lustros: liberalización de capitales y mercancías, apertura indiscriminada de mercados, flexibilización laboral y aniquilamiento de las conquistas sindicales, reducción del Estado por vía de privatizaciones y contracción del presupuesto estatal en áreas sociales.

Ante las turbulencias financieras magnificadas por la globalización, como la que acaba de tener lugar en todo el mundo, el FMI se ha limitado a la aplicación de un guión harto conocido –sacrificar a los sectores mayoritarios, tranquilizar a los inversionistas, achicar el sector público, congelar salarios y liberar precios– y ha gravitado así como factor determinante para que naciones pobres como la nuestra sean incapaces de reactivar sus economías y mercados internos, elementos sin los que difícilmente se podrá remontar el actual déficit de empleos.

El alineamiento del FMI al modelo económico neoliberal –aún vigente, a pesar de su manifiesto fracaso a escala mundial–, y las consecuencias que se desprenden de ello, han contribuido a colocar al planeta en la perspectiva de tener una generación perdida y cabe preguntarse, inclusive, si con la advertencia formulada ayer Strauss-Kahn no peca de optimismo, pues parecen ser ya varias las generaciones sacrificadas.

--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado

Recordando: La noche del 10 de octubre de 2009, ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro

189 días de digna, honrosa y meritoria lucha de miles trabajadores electricistas que ante la adversidad y su despido injustificado se han mantenido en pie,

siendo un ejemplo de lucha para la clase obrera

Contralínea: El año de hidalgo en Luz y Fuerza del Centro

La razón nos asiste, los que administraban eran el personal de confianza, es decir, el Gobierno Federal

Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal

La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.

En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.

Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 "Servicios Generales".

La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.

El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la "quiebra" aludida por Felipe Calderón.

Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos "de confianza" encabezados por Gutiérrez Vera.

Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una "caja confidencial" por 20 millones 704 mil pesos.

A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para "Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, "Anticipos gastos funeral", "Otros anticipos", "Salarios no cobrados", "Anticipos por vacaciones".

En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una "caja confidencial" –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.

La auditoría evidencía un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.

La misma Subdirección manejó una cuenta de "Bancos Fondos de Inversión", en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.

Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.

Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de "gastos menores, urgentes e inaplazables", sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.

De la "caja chica", utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.

Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un "operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A". En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.

Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para "desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal". El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos "como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto".

Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.

En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.

El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.

El proyecto para "Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México" consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.

Ya en la ejecución hubo gastos "inflados". Por ejemplo, el "cambio de voltaje" costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.

El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.

La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, "derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda".

Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.

En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.

Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los "Fondos fijos", se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.

Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.

En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.

Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento "en garantía" (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.

Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo "no fueron los adecuados", para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.

Al analizar los egresos del rubro "Servicios generales", que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron "debilidades y deficiencias" en el control interno.

A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, "en una recuperación menor de los bienes asegurados".

Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de "Servicios generales" se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales "sin la debida justificación", hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.

En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/el-ano-de-hidalgo-en-luz-y-fuerza-del-centro/

Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la "Sugerencia de normatividad" de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.

Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.

En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.

Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.

Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.

Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.

El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó "debilidades" y "deficiencias" en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.

Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que "se determinó que no se cumplió con las actividades".

Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.

La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.

Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 "cuentas especiales" de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.

Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.

La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.

La ASF destaca que "no se dieron las condiciones" para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el "Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro", impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.

Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que "no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría", resolvió el órgano de vigilancia.

Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.

Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/11/el-ano-de-hidalgo-en-luz-y-fuerza-del-centro/

El SMEITA no es cualquier sindicalista:
Es MEXICANO BIEN NACIDO!!
"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"
" Solidaridad y apoyo total al SME "
Aquí se ve la fuerza del SME!!!
Aquí se ve la fuerza del SME!!!
Aquí se ve la fuerza del SME!!!

--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado

11 DE OCTUBRE DEL 2009, 11 DE OCTUBRE DEL 2010.- MEDIANTE UN ACTO AUTORITARIO E ILEGAL SE EXTINGUE LYFC

11 DE OCTUBRE DEL 2009, 11 DE OCTUBRE DEL 2010.- MEDIANTE UN ACTO AUTORITARIO E ILEGAL SE EXTINGUE LYFC

Nota: Hoy se cumple un año de la acción injusta, autoritaria e ilegal, mediante la cual el gobierno federal decidió unilateralmente, extinguir LyFC, violando y violentando impunemente, la constitución mexicana, la ley federal de trabajo, el contrato colectivo de trabajo, las normas y los acuerdos internacionales de trabajo. Miguel Leopoldo Alvarado Saldaña.

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro

11.Oct.2009 | Por la loncheria |

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 2o., 4o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1o., 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y

CONSIDERANDO

Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;

Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);
Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado;

Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:
a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;

Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;

Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;

Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del organismo frente a terceros;

DECRETO

Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en
todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado

Dónde quedó fibra óptica de LyFC (CNN EXPANSION)

El IFAI pide informes sobre el uso que se da a este material y que pertenecía a Luz y Fuerza. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el sujeto obligado para informar.

Por: Redacción Manufactura

CIUDAD DE MÉXICO (Manufactura) — El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó informar quién es el propietario y qué uso se está dando actualmente a la fibra óptica que operaba la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

La información la había negado, con el argumento de que estaba bajo reserva por dos años, pero durante la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por el solicitante que se inconformó con la respuesta, dio a conocer que la fibra óptica sigue siendo propiedad de LyFC y que el uso que se le está dando "es para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona de influencia" que tenía éste.

La ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén explicó que, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia, al momento de decretarse la extinción de LyFC, esta compañía continúa siendo propietaria de sus bienes, hasta en tanto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no concluya con el inventario correspondiente y determine el destino de cada uno de ellos.

De acuerdo con lo anterior, la propiedad de la fibra óptica sigue siendo de LyFC, independientemente que haya sido entregada y esté siendo utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues al ser un activo de tal relevancia, fue necesario que el SAE dispusiera su utilización para la continuidad del  servicio al que está destinado.

Indicó que la determinación material del inventario de bienes de LyFC no impide al SAE manifestar en propiedad de quién está la fibra óptica, pues esta información se deduce del marco normativo que rige a éste sujeto obligado y al proceso de liquidación del organismo descentralizado, además de que no es parte de las deliberaciones de éste.

Advirtió que la respuesta del SAE -sobre la propiedad y el uso que se está dando a la fibra óptica- al requerimiento de información adicional que le hizo el IFAI durante la integración del expediente, atiende lo solicitado por el  particular, por lo que lo instruyó a entregar esos datos.

El SAE había manifestado en su primera respuesta y en alegatos que no podía dar a conocer la información, entre otras razones, porque esto podría entorpecer el procedimiento o las decisiones medulares del proceso de liquidación de LyFC.  

--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado

Roban disco duro con datos sobre fraude contra la CFE por más de $300 millones (La Jornada)

La sustracción se hizo horas después de que se descubriera el desfalco a la empresa: abogado

Roban disco duro con datos sobre fraude contra la CFE por más de $300 millones (La Jornada)

En la computadora estaban grabadas las transacciones ilegales que se hicieron durante cuatro años

Durante cuatro años, una red de funcionarios desvió millones de pesos del presupuesto de la CFE, sin que la auditoría o administración se percataran. En la imagen sección del Museo TecnológicoFoto Carlos Cisneros

Israel Rodríguez

 

Periódico La Jornada
Sábado 9 de octubre de 2010, p. 25

El disco duro de la computadora donde quedaron grabadas las transacciones realizadas durante cuatro años y que provocaron un quebranto a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 308 millones de pesos, desapareció de las instalaciones de la empresa la noche del 20 de junio de 2007, horas después de que fueran descubiertas las transacciones indebidas, lo que hace sospechar que altos funcionarios de la paraestatal están coludidos en el megrafraude.

Lo anterior lo denunció Alejandro Ortega Sánchez, abogado de la cajera María Elena Guerrero Escamilla, quien descubrió el desvío de recursos y por reportarlo a sus superiores fue inculpada y encarcelada con una sentencia de cuatro años seis meses.

El litigante indicó que las transferencias de recursos se hicieron mediante la cuenta que la CFE tenía en el banco Hong Kong Shangai Bank, mejor conocido como HSBC.

Ortega Sánchez refirió: Cómo es posible que después de que la CFE comprobó que le habían robado cientos de millones, en vez de preservar el lugar, sobre todo la computadora en la que se realizaron las transferencias, permite que entre un individuo y se robe el disco duro.

En entrevista con La Jornada, el abogado describe cómo se descubrió el desvío de fondos del HSBC a cuentas personales de empleados de la CFE, sin que la auditoría, contabilidad y otras instancias de la paraestatal hayan detectado las transferencias indebidas durante tanto tiempo.

Relata: "El 20 de junio de 2007, María Elena Guerrero, cajera de la subdirección de transmisiones de CFE, llegó a su trabajo, abrió su computadora como todas las mañanas y se dio cuenta de que había transferencias millonarias de poco más de 7 millones de pesos que ella no había hecho. Inmediatamente se comunica con los funcionarios del banco, quienes la guían para conocer quiénes habían realizado las transferencias indebidas y descubre que no sólo eran esos 7 millones de pesos, sino que se habían hecho depósitos a otras cuentas en el pasado que juntas sumaban unos 300 millones.

María Elena le pidió al funcionario bancario que detuviera las transacciones. Esas transferencias ya no se hicieron gracias a que María Elena (Guerrero) las detectó y las paró en su momento, además se dio cuenta de que había muchas transferencias de cerca de 300 millones de pesos hacia atrás. Se sentía orgullosa como una heroína de haber descubierto el fraude. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) la arraigó y luego le fincó responsabilidades.

Como parte de las investigaciones, la PGR logra el 7 de octubre de 2007 la aprehensión de Alejandro Morales Méndez, quien purga condena en el Reclusorio Norte, considerado el principal responsable del millonario fraude a la CFE.

El ex empleado, según documentó la PGR, negoció en 2006 47 inmuebles en Pachuca, Hidalgo: 24 a su nombre, 20 al de su esposa Dora Alicia Hernández García y tres inscritos en favor de su primo Crisógono Morales, quien presuntamente recibió transferencias de manera ilegal por 68.4 millones de pesos.

María Elena Guerrero informó a su jefa inmediata Diana Patricia Gutiérrez Molina (actualmente en prisión), a quien le sustrajeron la clave de acceso.

Inicialmente se establecieron cargos en contra de 21 funcionarios de la CFE y particulares que fueron acusados de cometer el mayor fraude conocido en la historia de la empresa eléctrica.

La CFE está ocultando quienes de arriba están metidos, porque no son las personas de abajo, aseguró Alejandro Ortega.

El litigante informó que Julián García Aguado (también en prisión) fue la persona que robó el disco duro de la computadora desde donde se hacían las transferencias, sin embargo, el banco no quiso revelar la información de su disco de respaldo aduciendo el secreto bancario, dado que podría perjudicar a otros clientes de la institución financiera.

Para inculpar a María Elena Guerrero Escamilla, agregó el abogado, se utilizó a René Trejo Orduña, quien dependía de Noé Peña, funcionario de la CFE y éste a su vez de Néstor Moreno Díaz, investigado por presuntos actos de corrupción.

La actitud sospechosa del primer juzgador Carlos López Cruz fue que no quisieron admitir las pruebas: primero, la CFE permite que le roben el disco duro y no preservó el lugar de los hechos, pese a que sabían que había un problema bastante grave; y en segundo, cuando nosotros queremos desahogar nuestras pruebas para acreditar que María Elena Guerrero Escamilla no tuvo nada que ver, no lo permiten los jueces y la CFE se convierte en coadyuvante y se va encima de María Elena. La autoridad judicial se comportó muy mal y no cumplió su trabajo.

Posteriormente, la segunda juzgadora, la juez Silvia Estrever Escamilla, ahora magistrada, le manda pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que diga si ella podía exigirle al banco (HSBC) que aportará los elementos que estábamos pidiendo. Y la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores) así le contestó: La juez eres tú y tu tienes las facultades.

No tomaron en cuenta las pruebas de descargo que beneficiarían a María Elena por la presión de CFE, indicó el defensor jurídico al señalar que es una injusticia completa lo que le hicieron a María Elena Guerrero.

–¿Porque se amparó HSBC?

–Porque perdió en primera instancia.

Fuentes cercanas al banco, que prefirieron permanecer en el anonimato, señalaron que por el tamaño de la cuenta con CFE y la importancia de ese cliente, cada mes un funcionario del banco llevaba personalmente el estado de cuenta a la tesorería de la Comisión. Y dice que tienen los acuses de recibo firmados. Entonces la pregunta es: ¿Si durante cuatro años recibieron cada mes los estados de cuenta, y según el contrato el periodo para reclamaciones era de seis meses, por qué nunca reportaron la sustracción de ese dinero, sino hasta que se dieron cuenta por casualidad?

"Nosotros –detalló Ortega Sánchez– dentro de las pruebas comprobamos que había un contrato en el que se establecía el horario para realizar las transferencias. Éstas se tenían que hacer de nueve a 16 horas y en el expediente del caso había reportes de movimientos realizados a las cinco y seis de la mañana. Entonces, cómo permitió el banco que se hicieran esas transferencias, si no estaban dentro del horario que marcaron ellos (HSBC) dentro de un contrato".

Después, la CFE le demanda al banco que le regrese los 300 millones de pesos, ante las pruebas de que la institución crediticia estuvo coludida con las transferencias indebidas, porque no cuido ni respeto los horarios. La CFE pierde la primera instancia; en la segunda, que acaba de pasar hace tres meses, condenan al banco a devolver los 300 millones de pesos y los intereses correspondientes, y es contra esa resolución que el licenciado Javier Quijano presenta el amparo directo. Por ahora el proceso está detenido hasta que se resuelva.

La CFE realiza un doble juego: por una parte, pelea el juicio penal para que funcionarios involucrados (entre ellos María Elena Guerrero) le devuelvan los 300 millones de pesos; y por otro, le exige el dinero al banco. Ya es un negocio para ellos, quieren cobrar dos veces un desfalco.

La CFE no le informó al juez penal sobre lo que reclama por la vía civil. Además, fueron embargadas de forma equivocada las cuentas de Alejandro Morales, quien tiene más de 50 casas y varios millones en cuentas. La CFE no lo logró porque la Procuraduría General de la República (PGR) no realizó bien la integración de la averiguación para asegurar los bienes y el dinero. Entonces Alejandro Morales presenta un amparo y le quita el aseguramiento a la PGR.

HSBC impugnó la sentencia de segunda instancia y presentó una demanda de amparo, que será la tercera y definitiva instancia. Quien gane ya no podrá ser impugnado. En este punto está el proceso legal.

Cabe señalar que La Jornada notificó desde hace una década sobre los malos manejos en CFE por parte de Néstor Moreno Díaz. En otro caso de corrupción, actualmente ya son tres los funcionarios de la CFE acusados de recibir sobornos: Néstor Moreno, Gustavo Salvador Torres y Arturo Hernández Álvarez.

--

AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

http://www.nutriologia-ortomolecular.info

facebook.com/miguelleopoldo.alvarado