SME

Union de jubilados y extrabajadores de LyF afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de los ciudadanos mexicanos simpatizantes de nuestra causa
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR!

martes, 11 de octubre de 2011

Extinción de LFC: dos años de agravios (La Jornada)

Extinción de LFC: dos años de agravios (La Jornada)

Al cumplirse 24 meses del asalto policiaco a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de la posterior extinción de esa empresa pública vía decreto presidencial, el gobierno de Felipe Calderón continúa mostrándose incapaz de revertir el cúmulo de agravios cometidos, a raíz de esa medida, en contra de los trabajadores de la compañía, de la propiedad pública nacional y de los habitantes de la zona centro del país.

La lista de afectaciones y pendientes no atendidos en los dos años transcurridos desde esa medida es encabezada por el desempleo masivo al que fueron arrojados más de 44 mil trabajadores de la empresa pública, 16 mil de los cuales han resistido someterse a las diversas ofertas de liquidación puestas sobre la mesa por las autoridades. La perspectiva de miles de familias arrojadas súbitamente a la incertidumbre y a la zozobra, y que han debido sobrevivir todo este tiempo sin fuente fija de ingresos, se complementa con el descontento de aquellos trabajadores que cedieron a las presiones de las autoridades: de los más de 28 mil ex empleados de LFC que, según cifras oficiales, aceptaron liquidarse, menos de 9 por ciento han sido recontratados, como habían ofrecido las autoridades federales; por lo que hace a las 68 cooperativas conformadas por ex trabajadores de LFC, sólo ocho han recibido contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en claro incumplimiento de las promesas de ayuda que les fueron planteadas.

El dato contrasta con las millonarias cantidades de recursos que la empresa encabezada por Antonio Vivanco –a la que se confirió el suministro eléctrico en la zona centro del país– ha destinado al pago de contratistas, y que forman parte de los más de 10 mil millones de pesos que ha costado al erario la extinción de la compañía.

Pero acaso el daño más extendido sea el que ha padecido la población de la zona centro del país, la cual, durante todo este tiempo, ha quedado a merced de los cobros excesivos en los recibos que expide la CFE y de un servicio de electricidad más que deficiente. Aun si se diera crédito a la versión ofical de que la extinción de LFC se debió a consideraciones de inviabilidad técnica y financiera –circunstancia que, en todo caso, nunca fue atribuible a los trabajadores de la compañía, sino a sus administraciones–, la incapacidad mostrada en estos dos años por el personal de la CFE –el propio y el subcontratado– para operar satisfactoriamente la red de suministro eléctrico en la capital del país y su área conurbada tendría que ser razón suficiente para que el gobierno federal diera marcha atrás en su decisión y atendiera favorablemente las demandas de reinserción laboral de los ex trabajadores de LFC, ya sea en el seno de la propia paraestatal o en un nuevo organismo de generación y distribución de electricidad.

Finalmente, en el ámbito meramente político, los dos años transcurridos han significado una derrota para los planes gubernamentales de desarticular el movimiento organizado en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se ha mantenido vigente pese a las campañas de desprestigio y hostilidad gubernamental en su contra, y se ha comportado en general con civilidad y disposición negociadora.

Es significativo, al respecto, que el segundo aniversario de la extinción de LFC coincida con el reinicio formal del diálogo entre el SME y las autoridades con miras a una eventual recontratación del ex personal de ese órgano público descentralizado. El gobierno federal tiene ante sí una nueva oportunidad de resarcir, en alguna medida, el daño provocado por una decisión cuestionable en lo legal, nociva en lo económico y equivocada en lo político. Cabe esperar que las autoridades actúen con altura de miras, reconozcan la oportunidad que se les presenta, depongan sus actitudes de confrontación y resuelvan, de una vez por todas, un conflicto que ni siquiera debió ocurrir; mucho menos desarrollarse en los niveles de encono y complejidad que llegó a alcanzar en los últimos 24 meses.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente
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lunes, 10 de octubre de 2011

Suma ya $22 mil millones el costo de extinguir a LFC / La CFE solicitó a la Cámara de Diputados una partida de $67 mil millones para contratos con trasnacionales (La Jornada)

Sigue entrampada la CFE; enfrenta miles de demandas de usuarios

La CFE solicitó a la Cámara de Diputados una partida de $67 mil millones para contratos con trasnacionales
El proceso de extinción de LFC ha costado al país cerca de $10 mil millones de pesos

A ello se suman los $12 mil millones por liquidaciones, con los que se habrían podido pagar sueldos de todos los electricistas del SME durante cinco años

El call center que se abrió para atender quejas, que suman miles, ha significado otra erogación por un monto de $21 millones


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Los sindicalizados activos del SME están a la espera de volver a trabajar el 30 de noviembre o regresarán a las calles... a la movilizaciónFoto Yazmín Ortega Cortés

Periódico La Jornada
Lunes 10 de octubre de 2011, p. 36

A dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), contrariamente a lo que ofreció el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha mejorado el servicio y ha encarecido las tarifas a tal grado que la empresa enfrenta miles de demandas y descontento social por los cobros excesivos. La paraestatal ha debido pagar a cientos de contratistas casi 3 mil millones de pesos por servicios y otros 2 mil millones por obras que antes hacían los trabajadores.

El call center que se estableció para atender quejas y denuncias de los usuarios ha tenido un costo de 21 millones de pesos.

En los 24 meses que han transcurrido desde la desaparición de LFC, mismos que se cumplen este 11 de octubre, el gobierno federal no logró apagar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ni tampoco ha podido cerrar los expedientes laboral ni legal con esa organización, que representa a los 16 mil 599 trabajadores que no se liquidaron.

Copias de documentos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), proporcionadas por jubilados del gremio, revelan que desde octubre de 2009 el gobierno federal pagó más a contratistas, empresas privadas, viáticos y salarios de trabajadores traídos de otros estados que el costo laboral de la plantilla que tenía LFC. Sólo de viáticos se erogaron más de mil 900 millones de pesos, y otros 2 mil 300 por pago de servicios personales a trabajadores de la CFE que han laborado para la zona centro del país.

En total, el proceso de extinción de LFC ha costado al país cerca de 10 mil millones de pesos, más 12 mil de liquidaciones, con lo cual se hubieran podido pagar los sueldos de todos los trabajadores de la paraestatal durante cinco años, según revela la información oficial.

Adicionalmente, la CFE está solicitando a la Cámara de Diputados una partida presupuestal de 67 mil millones de pesos para pagar los contratos de generación de electricidad a empresas trasnacionales en 2012. Dichas transferencias son un verdadero atraco a la nación, porque el país cuenta con un margen de reserva de energía de 47 por ciento de su capacidad instalada que podría utilizarse para ahorrar este cobro e incluso bajar las tarifas, según expuso el SME.

Es decir, el gobierno de Felipe Calderón no ha tenido ningún ahorro; ha erogado más para dar un servicio peor; desapareció por la vía de los hechos el subsidio a los usuarios; no ha recuperado las cuentas por cobrar que dejó LFC, y no mantuvo un control de los inventarios que dejó esta empresa.

Asimismo, seguirá pagando el costo político de sacrificar a 44 mil trabajadores que siguen en el desempleo, señaló el abogado del sindicato, Manuel Fuentes, quien planteó que continúan vigentes los litigios laborales por reinstalación de los 16 mil 599 trabajadores que no se liquidaron.Otros despachos llevan miles de juicios de trabajadores que se liquidaron y que están demandando diferencias en su pago y también reinstalaciones. Los pleitos no han cesado, dijo.

Lejos de todos los pronósticos y tras dos años de movilización, marchas, mítines, huelgas de hambre, plantones, alianzas y otras acciones, los trabajadores que siguen en la lucha no se han cansado. Para que levantaran el plantón que mantuvieron en el Zócalo durante medio año, el gobierno federal volvió a sentarse a negociar con el SME y se comprometió a que antes del 30 de noviembre del presente año los miles que continúan en resistencia se-rían reinsertados laboralmente. La Secretaría del Trabajo entregó la toma de nota al comité ejecutivo encabezado por Martín Esparza, y la Procuraduría General de la República le regresó las cuotas sindicales.

Este sindicato va a librar el sexenio y muchos más: Esparza

En sus oficinas de Insurgentes 98, Martín Esparza habla de lo que ha sido esta lucha: Hemos estado dos años en las calle y vamos a resistir todo lo que sea necesario. Nadie pensó que íbamos a manternos, ya nos habían comprado el ataúd, pero no nos morimos; estamos más vivos que nunca. La estrategia del gobierno de Felipe Calderón por extinguir el sindicato fracasó y los argumentos que dio Calderón para liquidar LFC se fueron al bote de la basura. Ahora tenemos la representación legal, la toma de nota, el contrato colectivo está vigente y no vamos a parar hasta que recuperemos el empleo.

–¿Ha sido alto el costo de la resistencia para los trabajadores?

–El costo de la extinción de LFC no sólo lo han pagado los trabajadores, sino también el pueblo, las empresas, con incrementos de 100, 500 y hasta mil por ciento del costo del servicio; con la persecución y encarcelamiento de los que no pueden pagar; con el mal servicio. Lo han pagado hasta los trabajadores contratistas, con accidentes y muertes.

–¿Confías en que el gobierno cumpla su promesa de reinsertarlos laboralmente?

–Confío en la lucha de los electricistas, en la movilización. Estamos decididos a no dejar perder un sindicato que tiene 97 años.

–¿Cuáles son los caminos de salida del conflicto?

–Está la salida laboral, si se reconoce la figura de patrón sustituto por parte de la CFE. Está la legislativa, si se aprueba la iniciativa presentada en el Congreso de la Unión para crear un nuevo organismo público que dé servicio a la zona centro del país; y hay otras, como crear una generadora de electricidad para el Distrito Federal. El costo de regresar a trabajar a los más de 16 mil esmeítas en resistencia es de 2 mil 500 millones de pesos anuales y las ventas de electricidad en esta zona son superiores a 55 mil millones. El problema no es económico; se requiere voluntad política para resolver.

En esta lucha cada trabajador tiene una historia por contar. En 730 días cumplidos de la desaparición de LFC, tanto para los 16 mil 599 que no aceptaron liquidarse como para los 28 mil 747 que sí lo hicieron, los saldos de quedar sin empleo, además de económicos, han sido personales, por separaciones, enfermedades y más.

Los ex trabajadores de la Coalición de Jubilados del SME señalan que el gobierno los engañó y no les cumplió. En tanto, los sindicalizados activos están a la espera de volver a trabajar el 30 de noviembre o regresar a la calle... a la movilización.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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jueves, 22 de septiembre de 2011

Jorge G. Castañeda: Ex Presidente demandado en EU (Terra.com)

"El verdadero problema es que, si esto ya sucede con 10 familiares de 45 víctimas 14 años después, qué podría pasar con las más de 5 mil denuncias de violación de derechos humanos recibidas en este sexenio, o con eventuales demandas que podrían interponer familiares de los miles de muertos producidos por la guerra del narco".

El 16 de septiembre 10 familiares de algunas de las 45 víctimas de Acteal, en diciembre de 1997, demandaron al presidente Zedillo ante un tribunal federal en Connecticut por daños y perjuicios. Según los tres periódicos de la ciudad donde se ubica el tribunal, Hartford Courant, The New Haven Register y el Connecticut Post, la demanda sería por más de 10 millones de USD y se referiría a un supuesto plan Chiapas 94, un documento secreto del gobierno de México que contemplaba el uso de fuerzas armadas civiles, policiacas y militares para aplastar la rebelión chiapaneca del 94.

De acuerdo con versiones de prensa, la firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess de Miami está invocando una ley federal norteamericana que permite a víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario o de derechos humanos demandar a los supuestos responsables de dichas violaciones en Estados Unidos. Se trata de la antigua Alien Tort Claim Act y la Torture Victim Protection Act de 1991, y los autores de la demanda son 4 mujeres y 6 hombres sobrevivientes de la masacre, o viudas o hijos de las víctimas. La demanda, según la prensa, es de 53 páginas de extensión y acusa a Zedillo de haber dado la orden de recurrir a prácticas que condujeron a la tragedia de Acteal, y de con el entonces procurador, Jorge Madrazo, haber impedido o distorsionado la investigación. Se acusa a Zedillo de crímenes de lesa humanidad. Aunque en teoría demandas de este tipo deben ser presentadas a menos de 10 años de los hechos, los abogados alegan que los 10 años deben correr a partir del momento en que se supo de la complicidad del acusado.

Zedillo dijo que las acusaciones son falsas y calumniosas. No hay ni una sola prueba que muestre la complicidad del Ejército o del gobierno federal con la matanza de Acteal. La responsabilidad es de los que perpetraron la masacre y del sistema judicial mexicano que en los 14 años posteriores ha tenido que liberar a más de 80 de los 95 acusados inicialmente. No parece haber nada, en las versiones de la prensa sobre el contenido de la demanda, que justifique la acusación.

El problema no es responsabilidad jurídica de Zedillo. Lo más probable es que cualquier juez federal de Estados Unidos deseche la demanda por improcedente y que el ex Presidente no tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. Los abogados de las víctimas afirman: "Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo en este caso. No hubiéramos presentado la demanda si pensáramos que será desechada". El verdadero problema es que, si esto ya sucede con 10 familiares de 45 víctimas 14 años después, qué podría pasar con las más de 5 mil denuncias de violación de derechos humanos recibidas en este sexenio, o con eventuales demandas que podrían interponer familiares de los miles de muertos producidos por la guerra del narco.

La demanda se presenta en Connecticut porque ahí vive Zedillo (el que no sea residente de EU, sino que da clases en Yale con visas J-1 y O-1, no invalida la demanda según los abogados, pues ahí trabaja, tiene casa, y pasa buena parte de su tiempo) pero no es ni el primer, ni será el último, ex Presidente en el mundo que sea demandado fuera de su país. El caso más célebre es el de Pinochet, detenido en Londres en 1998 por una orden del juez Garzón. Hay y habrá más.

Tres elementos permiten pronosticarlo: la posibilidad de recurrir a la vía civil en EU, la cláusula de jurisdicción universal de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, y la posibilidad de contar con abogados competentes como Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, P.A. (entre sus clientes figura The Miami Heat) que hagan bien su chamba, sea pro bono o bien pagados. Al preguntarles si esto lo hacían pro bono o por honorarios me contestaron: "no podemos responder porque está cubierta por el secreto profesional", cabe preguntar, ¿para con quién?

www.jorgecastaneda.org; jorgegcastaneda@gmail.com

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martes, 20 de septiembre de 2011

Corta la CFE la luz a 135 familias de trabajadores en huelga en Cananea, denuncian (Vanguardia.com.mx)

Corta la CFE la luz a 135 familias de trabajadores en huelga en Cananea, denuncian (Vanguardia.com.mx)

Karla Garza
13 Julio 2011
    • Foto: Archivo Vanguardia

    Saltillo. Como una "ilegal y desalmada persecución" calificó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) acciones contra los trabajadores en huelga de la Sección 65, que hoy denunciaron en un comunicado.

    "Es una muestra más de la desesperación del Grupo México y de los gobiernos de Felipe Calderón y Guillermo Padrés, ante la fortaleza de nuestros compañeros en huelga", afirmaron. "En su perversa represión contra los trabajadores en huelga de Cananea, Sonora, todas las autoridades (federales y estatales, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE), se han coaligado últimamente para agredirlos y presionarlos para que se dobleguen ante esos intentos de desaparición de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros".

    Denunciaron que les ha sido cortada la luz a 135 trabajadores en huelga, en época de intensos calores, los cuales rebasan los 45 grados centígrados. 100 de ellos están sin energía eléctrica desde hace un mes y un día; a los 35 restantes les fue cortada la luz el día de ayer, apuntaron.

    El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia condenó la acción y aseguró que "Se trata de una estrategia sucia para desesperar a los compañeros en huelga, de parte de Javier Lozano Alarcón, el siniestro titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como del actual gobernador panista del estado, Guillermo Padrés Elías, y del Grupo México del arrogante empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco (...) pero a pesar de estas agresiones, los compañeros en huelga de Cananea se fortalecen cada día más en su resistencia".

    Finalmente el Sindicato lanzó un llamado a la opinión pública para que exija a las autoridades federales y locales se detengan estas acciones.

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Miguel Leopoldo Alvarado
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martes, 13 de septiembre de 2011

Levanta plantón SME de Zócalo tras acordar con SG reinserción laboral (La Jornada)

Levanta plantón SME de Zócalo tras acordar con SG reinserción laboral (La Jornada)

Deberán hallar vía de reinserción laboral para más de 16 mil 500 trabajadores en 2 meses, pactaron.

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
Publicado: 13/09/2011

México, DF. Esta mañana los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) levantarán el plantón que tenían instalado en el Zócalo capitalino desde marzo pasado, debido a que firmaron un acuerdo con el gobierno federal para que en dos meses se encuentre una vía de reinserción laboral para los más de 16 mil 500 trabajadores no liquidados.

El acuerdo firmado por la Secretaría de Gobernación (Segob), la jefatura del gobierno capitalino y la directiva del SME permitirá levantar el plantón indefinido esta misma mañana y dejar libre la plancha para la conmemoración del 15 de septiembre.

Los trabajadores votaron el acuerdo esta madrugada en una asamblea que se prolongó durante varias horas, luego de que ayer los electricistas sacaran un acuerdo en la mesa de negociaciones que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación hasta altas horas de la noche.

Las autoridades representadas por la Secretaría de Gobernación se manifiestan dispuestos a "revisar" la reinserción laboral "en el sector eléctrico" de los trabajadores que no se han liquidado, esto es, poco más de 16 mil 500.

Además se acuerda un avance para hacer posible la toma de nota (reconocimiento oficial) a los integrantes del comité central del SME que encabeza Martín Esparza, quien en conferencia de prensa conjunta con el subsecretario de Gobierno de la Segob aseveró que el SME no se opone a la realización de las fiestas patrias.

En la negociación participaron también el jefe gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, así como el diputado Armando Ríos Piter, por la Junta de Coordinación Política del poder Legislativo.

Tras la firma se espera que a más tardar al mediodía esté despejada la Plaza de la Constitución para los preparativos de las fiestas patrias, en tanto se prepara la ronda de sesiones de la mesa de negociación en referencia, cuyos resultados, en cualquier sentido, deberán ocurrir antes del 30 de noviembre, a fin de que cualquier deliberación para la posible reinstalación de los electricistas se tome con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Sesionarán semanalmente

Los acuerdos firmados esta mañana por funcionarios encabezados por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y la dirigencia del SME precisan que ambas instancias integrarán una mesa de trabajo que sesionará semanalmente "hasta que así lo consideren las partes" para "analizar y resolver, en su caso, sobre las vías que procedan para la reinserción laboral y productiva de los miembros del SME que no se han liquidado respecto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el sector eléctrico (sic)".

En esta mesa participarán representantes de las secretarías de Energía y de Hacienda, así como del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

En el punto central de este acuerdo, se incluye el "análisis y agilización de los procesos judiciales para la resolución de los casos penales de los trabajadores miembros del SME, conforme a la ley".

Además "la revisión de temas pendientes entre el SME y las dependencias encargadas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (jubilaciones, cuotas sindicales, seguro sindical, prestaciones, etcétera)".

En el documento firmado a las ocho de la mañana de este martes, se precisa que el SME reitera su disposición al diálogo y conducirse en todas sus manifestaciones con apego a la ley".

El documento está firmado por parte del gobierno federal por el secretario Blake, así como el nuevo titular de Energía, Jordy Herrera; José Antonio González, subsecretario de Ingresos y el titular del SAE, Sergio Hidalgo. Por parte del SME firman cinco integrantes en su comité central.

Como "coadyuvantes" suscribieron el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y el diputado federal Armando Ríos Píter, presidente de la Junta de Coordinación Política.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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domingo, 4 de septiembre de 2011

México cubrió cinco veces su deuda externa, pero cada día debe más (La Jornada)

En 2000 el monto era de 70 mil mdd; este año, 107 mil mdd
México cubrió cinco veces su deuda externa, pero cada día debe más (La Jornada)
Gobiernos de AN enviaron al extranjero 374 mil mdd; 76 mil mdd a intereses
Esas obligaciones se incrementaron 52 por ciento, según cifras oficiales
Para los siguientes años el Estado deberá asignar más recursos a ese rubro
Roberto González Amador

El saldo fue en aumento aun con la creciente transferencia de recursos para cubrir el servicio

Quintuplica el pago de intereses y capital el monto de la deuda externa

Se remitieron a acreedores del exterior 374 mil 929.5 mdd en los gobiernos de Fox y Calderón
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Domingo 4 de septiembre de 2011, p. 22

Desde que el Partido Acción Nacional (PAN) se hizo con la Presidencia de la República en diciembre de 2000, el gobierno federal transfirió al extranjero recursos públicos por 374 mil 929.5 millones de dólares para abonar a capital y pagar los intereses de la deuda pública externa, pasivo que, sin embargo, ha ido en aumento en ese periodo, revelaron datos oficiales.

La cantidad de recursos transferida al exterior para cubrir el servicio del endeudamiento público externo en el periodo de referencia multiplica por cinco el saldo que tenía ese pasivo en diciembre de 2000, cuando asumió la Presidencia Vicente Fox Quesada, añadió la información.

En diciembre de 2000, la deuda externa neta del sector público federal –que incluye al gobierno, las paraestatales y la banca de desarrollo– se situó en 70 mil 260.4 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contenida en el Anexo estadístico del quinto informe de gobierno. La cifra creció a 107 mil 396.2 millones de dólares en junio de 2011, el dato más reciente disponible. La variación significa que desde que el PAN accedió a la Presidencia la deuda externa se elevó en 52.8 por ciento.

La deuda externa tuvo un salto en 2009 por la incorporación en ese registro de pasivos asociados a los llamados Proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), mecanismo por medio del cual el gobierno federal contrata con particulares obras de infraestructura para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

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Desde el cierre de 2000 y hasta junio pasado, las amortizaciones a capital de la deuda pública externa ascendieron a 298 mil 714 millones de dólares, de acuerdo con el anexo estadístico del quinto informe del presidente Felipe Calderón, hecho público el jueves pasado.

En ese mismo periodo, el pago de intereses por el endeudamiento público externo fue de 76 mil 215.5 millones de dólares, según la fuente citada.

Sólo el pago de intereses realizado de diciembre de 2000 a la fecha supera el monto que tuvo la deuda externa neta del sector público federal al inicio de la primera administración panista, que fue de 70 mil 260.4 millones de dólares.

La suma de recursos erogados por amortización e intereses en el periodo de referencia alcanza 374 mil 929.5 millones de dólares, gasto de recursos que, para efectos comparativos, supera al ingreso de divisas en el mismo periodo por inversión extranjera directa (IED), que ha sido de 260 mil 98 millones de dólares.

Para los siguientes años, el Estado mexicano deberá destinar recursos crecientes para hacer frente al servicio del endeudamiento público externo.

Los datos contenidos en el Anexo estadístico mencionan que en 2011 el gobierno federal deberá hacer amortizaciones de la deuda externa por 3 mil 353 millones de dólares, cifra que aumentará a 7 mil 539 millones en 2012 y a 8 mil 317 millones al siguiente año. En 2014 será de 8 mil 866 millones de dólares y en 2015 de 8 mil 20 millones.


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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
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Imagen Marcha apyo al SME 29 enero 2010

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