Pide el Senado a Calderón revocar de inmediato concesión a Grupo México (La Jornada)

Ríspido debate al tratar el asunto del fallo judicial sobre Cananea

Pide el Senado a Calderón revocar de inmediato concesión a Grupo México (La Jornada)

Panistas votaron en contra; se dicen ofendidos por expresiones de Monreal

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 17

Con el voto en contra del PAN, el Senado solicitó al presidente Felipe Calderón que revoque de inmediato la concesión minera de Cananea al Grupo México, y demandó la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, para que informen sobre el conflicto en esa empresa minera.

Los senadores integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral entre el sindicato minero y la empresa mexicana de Cananea presentaron ayer al pleno un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que actúen para que se eviten actos de violencia y se garantice el respeto a los derechos humanos, ante el cumplimiento del laudo de las autoridades en el conflicto laboral de minera Cananea.

El grupo plural de trabajo demandó al Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que giren instrucciones a los mandos de las fuerzas de seguridad pública y militares, según corresponda a sus respectivas atribuciones, para que se garantice el cabal cumplimiento de los derechos humanos al hacer cumplir el laudo o resoluciones de las autoridades laborales o judiciales.

La resolución del segundo tribunal colegiado en materia laboral, que avaló la terminación de las relaciones colectivas e individuales entre esa empresa y los mineros, con el argumento de que se causó daños y destrucción a la maquinaria, provocó un áspero debate.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó en tribuna que la decisión de negarles el amparo a los trabajadores no es más que un golpe más entre muchos que el Poder Judicial, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han venido dando contra los trabajadores de la industria minera y eléctrica.

Tras señalar que violando el derecho de huelga se recurrió al argumento de causa mayor para dar por terminadas las relaciones laborales, dijo que nunca un gobierno se atrevió a hacer tal barbaridad. ¡Qué poca madre de este gobierno al tratar así a la clase trabajadora!

La senadora panista Adriana González pidió desde su escaño que el orador se conduzca con respeto y clamó porque fueran retiradas del Diario de Debates las expresiones del senador Monreal.

El petista, no obstante, reiteró: "Aunque les duela, ante estas resoluciones, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho, diría 'no tienen madre'".

Otro panista, el ex dirigente empresarial Jorge Andrés Ocejo, desde su escaño dijo: Me siento ofendido, porque a los funcionarios públicos que se ofendió no están presentes y son funcionarios del gobierno de la República; quiero que se retiren las ofensas y se levante el acta correspondiente.

El senador del PRD Graco Ramírez Garrido Abreu pidió en tribuna agregar al punto de acuerdo un inciso para que se le retire la concesión a la empresa minera.

Por el PRI, el senador Francisco Arroyo Vieyra apremió a los legisladores: Es momento de que el Estado mexicano tome para sí una obligación fundamental, que es la paz, la armonía y la estabilidad, y es el momento de que alguien dé un manotazo en el escritorio, retire la concesión, la licite y ponga a trabajar a Cananea.

La discusión de este punto se llevó la mayor parte de la sesión, y al ponerse a votación la propuesta del petista Monreal para que fuera incluida como resolutivo del punto de acuerdo, PRI, PRD, PT y Convergencia votaron a favor, con el voto en contra de los panistas.

Legisladores sonorenses exigen que la empresa asuma responsabilidad

Hermosillo, Son., 16 de febrero. El Congreso de Sonora aprobó este martes enviar un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que obligue a Grupo México a cumplir con sus responsabilidades de atención social a mineros y ex mineros en Cananea, o se haga cargo de ellas, pues la empresa las ha abandonado en los dos años y medio de conflicto laboral.

El exhorto también incluye pedir que no se utilice la fuerza pública contra los mineros, luego de que un tribunal laboral falló para terminar la relación contractual de Grupo México con ellos. El punto fue votado a favor por diputados de PRI, PAN, Nueva Alianza, PRD y Verde Ecologista.

El abandono del hospital de El Ronquillo (en Cananea, cerrado en mayo de 2008) ha puesto a la comunidad en condiciones de emergencia sanitaria; además, las condiciones de seguridad en la mina y de la ecología en la región, por el desbordamiento de la presa de jales (químicos resultado de procesos utilizados en la minería), ponen en peligro a toda la región, dijo el diputado Daniel Córdova Bon, de Nueva Alianza, quien leyó ante el pleno el exhorto que será enviado a la Presidencia de la República.

La diputación permanente del Congreso del estado manifiesta su solidaridad con el movimiento obrero en Cananea, Sonora, y resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que intervenga favorablemente en la solución a la problemática que priva en dicho municipio, solicitando que se realicen las acciones que resulten necesarias para impedir que se violenten los derechos fundamentales de las personas, agregó.

El exhorto votado por los cinco diputados de la Comisión Permanente se emitió un día después de que líderes de gremios locales, acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, solicitaron al Poder Legislativo sonorense pedir al Ejecutivo y al Legislativo federales el retiro de la concesión de la mina a Grupo México.

Los legisladores locales no atendieron ese punto, pues consideraron que de hacerlo generarían incertidumbre para otros empresarios que invierten en la entidad, afirmó el priísta Faustino Félix Chávez, presidente de la Comisión Permanente.

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

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Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

Se eliminó en México el derecho a huelga, sostiene la AFL-CIO (Tomado de la Jornada)

Se eliminó en México el derecho a huelga, sostiene la AFL-CIO (Tomado de la Jornada)

Condena fallo que deja sin empleo a mil 200 trabajadores

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 13 de febrero de 2010, p. 13

Nueva York, 12 de febrero. La central obrera AFL-CIO condenó este viernes el fallo judicial contra los mineros de Cananea, el cual anula el derecho a la huelga en México.

La organización afirmó que esto es parte de la campaña oficial para destruir al sindicato minero, y otro intento de represión contra el movimiento obrero, por lo que llamó a que el gobierno de Barack Obama responda ante la violación sistemática de los derechos laborales en México.

Richard Trumka, presidente de la principal central obrera nacional, declaró que AFL-CIO condena la decisión de un tribunal mexicano de permitir que Grupo México cese del yacimiento de Cananea a mil 200 agremiados al sindicato minero. Indicó que el argumento de la empresa de que la huelga ha dejado inoperable la mina no fue fundado en ninguna prueba, y afirmó que el yacimiento permanece operable. Al determinar que la huelga es ilegal, a pesar de la falta de pruebas para apoyar el fallo, el tribunal efectivamente eliminó el derecho a la huelga en México.

Trumka tiene conocimiento muy cercano de ese sector, ya que antes de ser presidente de AFL-CIO fue dirigente del combativo sindicato minero nacional de Estados Unidos, el UMWA.

Asimismo, reafirmó el apoyo firme del movimiento sindical estadunidense al gremio minero mexicano y condenó "la campaña de cuatro años del gobierno mexicano para destruir este sindicato independiente.

Condenamos las amenazas del gobierno mexicano de reprimir el movimiento sindical democrático e independiente, en este y otros casos actuales, las cuales –dijo– socavan las promesas hechas hace años a los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá en el contexto del acuerdo laboral paralelo al Tratado de Libre Comercio, de que los derechos fundamentales del sector serían plenamente respetados en América del Norte.

Trumka concluyó con un llamado al gobierno de Obama y al liderazgo legislativo –todos demócratas, que cuentan al AFL–CIO y sus decenas de sindicatos afiliados como sector clave entre sus bases electorales– a tomar medidas inmediatas y decisivas para obligar al gobierno mexicano a rendir cuentas por sus violaciones sistemáticas a los derechos laborales fundamentales.

También solicitó que el gobierno estadunidense inste a su contraparte mexicana a resolver de manera pacífica la situación en Cananea y desistir del uso de la fuerza militar o policiaca.

Convoca Esparza a un paro nacional en repudio al gobierno de Calderón (Tomado de La Jornada)

Anuncia en Sonora que será también en apoyo a los mineros

Convoca Esparza a un paro nacional en repudio al gobierno de Calderón (Tomado de La Jornada)

Patricia Muñoz y Ulises Gutiérrez

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 16 de febrero de 2010, p. 10

El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, llamó a un paro nacional para el próximo 16 de marzo a las 12 horas, en repudio a la política del gobierno de Felipe Calderón, que ha violentado el estado de derecho y roto el pacto social, y en solidaridad con la huelga de Cananea. A su vez, organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), acordaron ayer realizar un cinturón de paz alrededor de los mineros en lucha, para evitar el derramamiento de sangre, porque ellos no se van a mover.

La UNT, el Movimiento en Solidaridad con las Luchas Sociales de Sonora y Consejo Sindical Permanente del Estado de Sonora consideraron que, ante la inminente intervención de la Policía Federal y el Ejército Mexicano para romper la legítima huelga de Cananea, urge solución pacífica al conflicto, de lo contrario existe el riesgo de un estallido social de consecuencias trágicas e irreparables, donde incluso pudiera haber pérdida de vidas.

En reunión extraordinaria, la central, que agrupa a sindicatos de pilotos, sobrecargos, técnicos petroleros, jubilados ferroviarios, trabajadores de la UNAM, de telefonistas, entre muchos otros, acordó: enviar contingentes de sindicalistas para colocar un cordón de paz alrededor de los mineros de Cananea; pedir legalmente la revisión de la resolución emitida por un tribunal del Palacio Federal de Justicia, que dio por terminadas las relaciones laborales entre el sindicato nacional minero y Minera de Cananea; participar en el undécimo Foro Nacional Minero que sesionará el próximo viernes, precisamente en Cananea.

Estas organizaciones manifestaron su disposición a realizar el paro nacional, así como una huelga general de pagos, sin embargo, todavía no acuerda la fecha. El que sí propuso día y hora, fue Martín Esparza, quien la mañana de ayer lunes lo manifestó frente a los trabajadores mineros de Cananea y durante la tarde en el Congreso del estado de Sonora, adonde acudió para apoyar la solicitud de sindicatos locales sonorenses interpuesta ante el Legislativo estatal, para que éste envíe un exhorto al Poder Legislativo federal en busca de que se retire la concesión del socavón a Grupo México y se evite con ello una represión al movimiento obrero en esa pequeña ciudad sonorense.

Esparza Flores señaló que en la huelga nacional participarían cientos de miles de de trabajadores, de organizaciones, como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y varias organizaciones estudiantiles, trabajadores de la UNAM, de Chapingo, de Tepic, la UdeG y diversas organizaciones campesinas.

Miembros del SME a Sonora

La demanda principal será simple, que se respete la Constitución, que se respete el estado de derecho en el país, que se respeten los derechos humanos de los mexicanos. Indicó que cientos de trabajadores del SME viajarán en los próximos días a la ciudad de Cananea para apoyar con medicamentos, así como en la organización de protestas para prevenir un desalojo violento por parte de Policías Federales o integrantes del Ejército.

Por su parte, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio y la Televisión, Ricardo Acedo Samaniego, dijo en Sonora que es evidente un orquestado embate del gobierno federal contra los movimientos obreros y sindicales. No podemos negar que ha habido embestidas a las organizaciones sindicales; que hay la intención de debilitar a las organizaciones sindicales e incluso las pretendidas reformas a la Ley Federal del Trabajo; la contratación de horas sueltas para que no se vayan creando derechos; eso es evidente y en Cananea va mucho de ésto, ya no podemos permitir que las organizaciones sindicales se vulneren de esa manera, añadió.

Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, indicó que se necesita mucha miopía gubernamental para no ver que se está generando en Cananea, un riesgo de derramamiento de sangre, por lo que se responsabiliza al gobierno federal y a Grupo México por las graves [consecuencias] que se deriven de estos hechos arbitrarios.

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Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

El gobierno optó por ceder a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos en un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República) (Tomado de la Jornada)

México SA A la IP, la inversión estatal en fibra óptica / Banda ancha, factor de crecimiento, pastel del gran capital

El gobierno optó por ceder a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos en un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República) (Tomado de la Jornada)

Carlos Fernández-Vega

Unas semanas atrás la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, propuso que todos los Estados garanticen, como un bien público no gratuito, el acceso de su población a Internet de banda ancha con el fin de fomentar la innovación en sus economías. A su vez, el presidente brasileño Lula hizo público su proyecto de crear una empresa pública que se encargará de distribuir y transmitir, para llevar Internet de banda ancha a todo el país, amén de cuadruplicar en cinco años los puntos de acceso a dicho servicio.

Es de suponer que en México los encargados gubernamentales de ese sector tecnológico tomaron puntual nota de ambos pronunciamientos, el de Bárcenas y el de Lula, y de inmediato decidieron actuar, aunque en riguroso sentido contrario, porque es conocido que todo lo relativo a bien público o empresa pública les produce sarpullido. Así, en lugar de aceptar la recomendación de la Cepal y seguirle la huella a la decisión brasileña, el gobierno calderonista optó por ceder, sin más, a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos del Estado realizada para lograr un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República), y acompañar el regalo con la extinción de una empresa del Estado y junto con ella a sus 44 mil trabajadores.

Son pocos los tiradores de la iniciativa privada en lo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dio en llamar licitación de un par de hilos de fibra óptica oscura, propiedad de la nación, a precios muy atractivos para quien resulte ganador. A pesar de ser un bien público, construido con recursos públicos, los mexicanos sólo podrán participar como consumidores y clientes del servicio privado que otorgue el consorcio que se quede con esa licitación, de tal suerte que en el mejor de los casos la recomendación de la Cepal sirvió al gobierno calderonista para apurar la privatización de lo que el propio organismo regional califica de motor de expansión para las naciones latinoamericanas.

Por lo que toca al proyecto de Lula, en Los Pinos fingieron demencia y de nueva cuenta voltearon la cara al otro lado. ¿Qué impide al gobierno crear una empresa pública que ofrezca el servicio de Internet, que compita en el mercado abierto, que aproveche para la nación lo que ella misma ha pagado (en este caso los 21 mil kilómetros de tendido de fibra óptica), que atienda a toda la población con precios atractivos y que utilice las ganancias obtenidas para financiar otras actividades de interés común?

El gran capital se queja del monopolio existente en la industria de la Internet, pero para romperlo y estimular la competencia exige que el Estado le construya el tendido de fibra óptica, lo exente fiscalmente, le rente la infraestructura a precios de risa y le garantice que sólo unos cuantos tendrán derecho a comer del nuevo cuan exquisito pastel. Por su parte, el gobierno calderonista decidió licitar sólo un par de hilos, cuando la capacidad supera la veintena de ellos. Entonces, con condiciones y limitaciones de esa naturaleza parece que no se avanzará mucho, ni la población, especialmente la de bajos recursos, resultará beneficiada.

En vía de mientras, la Cepal sostiene que el desarrollo de la banda ancha es uno de los principales segmentos de crecimiento y uno de los mayores retos que enfrenta América Latina, debido a la cobertura aún muy reducida de las redes en la mayoría de los países, en particular en lo que respecta a la población de menores ingresos o la que vive fuera de las principales ciudades. Además, la banda ancha en la región es más cara y lenta que la de los países desarrollados. Para el conjunto de los países de la OCDE la tarifa más baja de suscripción mensual de banda ancha en 2008 promediaba 19 dólares, valor muy similar al de Portugal e inferior al de España, que es de 28 dólares, mientras en países como México o Chile ese valor llega a 29 y 35 dólares, respectivamente, en 2009.

En cuanto a la velocidad de acceso, los países de la OCDE tenían en 2008 una velocidad de descarga de información de 17 Mbps en promedio, en tanto que en los países más avanzados de América Latina esta velocidad no supera los 2 Mbps, y en España y Portugal la velocidad de descarga es de 9Mbps y 14Mbps, respectivamente. Se debe considerar que las velocidades de subida y bajada de datos son diferentes, y que, por lo general, la de subida es significativamente menor, de modo que se constituye en un obstáculo para la realización de actividades de teletrabajo, gobierno electrónico, salud electrónica o educación electrónica, entre otros.

La convergencia tecnológica, indica el organismo, se está materializando con la proliferación de ofertas de paquetes de servicios que eliminan las tradicionales fronteras entre distintos mercados de la industria y genera mayor competencia, que se traduce en menores tarifas y mayor calidad de los servicios, en particular en las áreas de la telefonía móvil y el acceso a Internet de baja velocidad. Durante los últimos años, la cantidad de usuarios de Internet ha crecido sustancialmente al pasar de una tasa de 10 por ciento de penetración en 2002 a una de 30 por ciento en 2008. Un aumento importante, pero aún distante de los niveles de los países de la OCDE, que registran tasas superiores a 60 por ciento. En lo que respecta a la banda ancha, se observa también un fuerte incremento en el número de conexiones; sin embargo, los niveles de penetración de la región son sustancialmente menores que los de países más avanzados. En 2008 la tasa de penetración era de 6 por ciento de la población, en comparación con 26 por ciento en los países de la OCDE.

Por ello, en los países de América Latina la oferta de banda ancha móvil es un motor de expansión para el acceso a este servicio, puesto que facilita el despliegue de redes en zonas remotas en las que, en general, no existe otro tipo de conectividad. El incremento que se observa en las conexiones de este servicio hace prever que en los próximos años esta modalidad superará a la fija, y será la fuente principal de ingresos de los operadores móviles.

Las rebanadas del pastel

Los juarenses pueden estar tranquilos, porque el gobierno federal apoyará a la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez, para lo cual destinará inicialmente 500 millones de pesos, algo así como 357 pesos por habitante, o si prefiere 89 millones menos de lo que a los mexicanos cuesta, cada 24 horas, pagar las prestaciones de la burocracia nacional.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

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Luego de un año de prueba, el patrón no estaría obligado a contratar / Debilita derechos laborales iniciativa presidencial para reformar la LFT / (Tomado de la Jornada)

Luego de un año de prueba, el patrón no estaría obligado a contratar / Debilita derechos laborales iniciativa presidencial para reformar la LFT / (Tomado de la Jornada)

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 14 de febrero de 2010, p. 12

La iniciativa calderonista de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) plantea un viraje en la estructura de contratación individual para incluir figuras como periodo de prueba y de capacitación.

Además, amplía los requisitos para exigir la firma de un contrato colectivo y para el emplazamiento e inicio de una huelga. En este último caso, la autoridad laboral podría resolver –de manera unilateral– dar por terminado el paro.

De prosperar el proyecto, un empleado podría brindar sus servicios hasta por un año (en una o ambas modalidades en referencia), y si al término de ese lapso se considera que no cumple el perfil requerido, la relación laboral se dará por terminada sin responsabilidad para el patrón.

Como ocurrió a partir de 2000, con la llegada del gobierno emanado del PAN, la propuesta de la actual administración también tiene como eje incorporar la flexibilidad al marco que rige las relaciones laborales en el país, a fin de que los trabajadores desempeñen tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación salarial correspondiente.

La propuesta de cambios integrales a la LFT lleva el título Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social con perspectiva de género. El documento, con fecha 18 de enero de 2010, ya fue entregado a legisladores del PAN para su estudio y posterior defensa en el Congreso.

De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, el Ejecutivo ya está listo para enviar su iniciativa de reforma laboral en el periodo ordinario de sesiones en curso.

El proyecto modifica y/o adiciona prácticamente los poco más de mil artículos que integran la LFT y, al final del documento, afirma que para elaborarlo se tomaron en cuenta "algunas de las propuestas planteadas por las diferentes legislaturas y partidos políticos, así como por el Grupo de trabajo sobre la normatividad laboral con perspectiva de género.

Una revisión de las 158 cuartillas en que se detallan los pretendidos cambios permite comprobar la similitud entre ésta y la iniciativa que se discutió en el primer tramo del sexenio pasado, misma que sus opositores identificaron como ley Abascal, en referencia Carlos Abascal Carranza, entonces secretario del Trabajo.

Por ejemplo, en el capítulo relativo a las relaciones de trabajo, se cambian las de obra o tiempo determinado y tiempo indeterminado por temporada de capacitación inicial.

En este punto hay un amplio anexo para precisar los detalles de este periodo a prueba:

En las relaciones laborales por tiempo indeterminado o cuando excedan 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el empleado cumple los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

"El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.

"Durante ese tiempo, el empleado disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeñe. De no acreditar la competencia –a juicio del patrón– se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón", precisa el artículo 39-A propuesto.

El siguiente inciso detalla la labor de capacitación inicial, programada para adquirir conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de este contrato va de tres a seis meses.

Otra de las novedades del proyecto es la inclusión de diversos artículos para proteger las labores de servicio doméstico, en el que hace 10 años, según el censo de 2000, se empleaban 1.4 millones de personas.

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Llama el SME a huelga política general y desobediencia civil generalizada (Tomado de la Jornada) Nada impedirá que se incendie el país si no cancela la intervención armada en la histórica Cananea

Culpa a Calderón de las consecuencias desastrosas que produzca fallo contra el sindicato minero

Llama el SME a huelga política general y desobediencia civil generalizada (Tomado de la Jornada) Nada impedirá que se incendie el país si no cancela la intervención armada en la histórica Cananea

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 14 de febrero de 2010, p. 12

Ante la situación que enfrentan los mineros de Cananea, Sonora, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llamó a la población a preparar de inmediato la huelga política general y desobediencia civil generalizada, como respuesta contundente contra el gobierno federal y su política criminal de exterminio.

La estructura del SME (comité central, comisiones autónomas, subcomités divisionales y comisión de trabajo) responsabilizó a Felipe Calderón de las consecuencias desastrosas que produzca el fallo contra los mineros. Señaló que esta situación es una muestra más del enloquecido rumbo tomado por el gobierno federal, quien lleva al despeñadero a nuestra patria.

No hemos sido los trabajadores –advirtió el gremio– quienes decidimos el rompimiento de la paz social. Felipe Calderón aún tiene en sus manos evitar el derramamiento de sangre obrera, cancelando cualquier orden para una intervención del Ejército y de la Policía Federal en la histórica mina de Cananea. De no hacerlo, nada impedirá que se incendie el país".

La situación en Cananea es tensa luego de que un tribunal colegiado avaló la decisión de Grupo México de terminar la relación laboral con el sindicato minero. Con ello, no sólo se niega el pago de salarios caídos –por más de dos años de huelga–, sino que se liquida a los trabajadores en el piso mínimo extremo que marca la ley.

Al respecto, Arturo Alcalde, abogado laboral, dijo que la decisión del tribunal es francamente brutal, por la simple razón de que continúa la operación de la mina. Estamos ante una operación limpieza del gobierno federal en favor del Grupo México, pero lo más deprimente es que el Poder Judicial haya avalado este hecho monstruoso, agregó,

Tengo casi 40 años en el sector laboral y nunca había visto un caso tan grotesco desde el punto de vista jurídico. Analizado de manera integral, es una maniobra burda con la cual acaban con un sindicato, un contrato colectivo, una huelga y, por si fuera poco, liquidan a los mineros con un bajísimo nivel, dijo en entrevista.

El SME emitió ayer un comunicado en el que (a diferencia de la formalidad manifiesta el jueves pasado en la Secretaría de Gobernación, donde solicitó una reunión con nuestro presidente Felipe Calderón) el blanco de la crítica y las advertencias de incendio en el país fue precisamente el jefe del Ejecutivo, a quien ubican como cabeza de un gobierno espurio, de derecha, en contra de los trabajadores.

El 11 de febrero, justo cuatro meses después del decreto inconstitucional de extinción de Luz y Fuerza del Centro y del ilegal despido de más de 44 mil trabajadores afiliados al SME, así como la previa ocupación militar de los centros laborales en ese organismo, de nueva cuenta –afirma el gremio– el gobierno federal asesta un golpe brutal a los derechos de la clase trabajadora.

El SME considera que el fallo del segundo tribunal colegiado en materia laboral contra los integrantes de la sección 65 del sindicato minero, muestra claramente que Calderón gobierna en favor de los intereses de Grupo México y de una oligarquía insaciable, retrógrada y fascista.

"Esta oligarquía y su gobierno de plano decidieron hacer a un lado la Constitución, aplastando los derechos de los trabajadores, eliminando las libertades políticas de los mexicanos, criminalizando la lucha social y militarizando la vida civil y ciudadana.

Para nuestra organización sindical, este fallo es total y absolutamente inadmisible, intolerable y faccioso, porque abre el camino a la confrontación política y social que ha decidido andar el gobierno espurio de derecha contra los trabajadores y el pueblo.

Hace dos semanas, el SME, el sindicato minero, la Confederación Nacional Campesina y la Unión Nacional de Trabajadores encabezaron una marcha de Paseo de la Reforma al Zócalo, donde se comprometieron a seguir juntos en la lucha por la defensa de los trabajadores del campo y de la ciudad. Tras ello, fue establecida una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Este sábado, el SME hizo un llamado general a la desobediencia civil.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente