11 DE OCTUBRE DEL 2009, 11 DE OCTUBRE DEL 2010.- MEDIANTE UN ACTO AUTORITARIO E ILEGAL SE EXTINGUE LYFC

11 DE OCTUBRE DEL 2009, 11 DE OCTUBRE DEL 2010.- MEDIANTE UN ACTO AUTORITARIO E ILEGAL SE EXTINGUE LYFC

Nota: Hoy se cumple un año de la acción injusta, autoritaria e ilegal, mediante la cual el gobierno federal decidió unilateralmente, extinguir LyFC, violando y violentando impunemente, la constitución mexicana, la ley federal de trabajo, el contrato colectivo de trabajo, las normas y los acuerdos internacionales de trabajo. Miguel Leopoldo Alvarado Saldaña.

DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro

11.Oct.2009 | Por la loncheria |

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 2o., 4o., 6o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1o., 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y

CONSIDERANDO

Que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias, lo que motivó que en 1989 se reformara el artículo cuarto transitorio de la citada ley para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro;

Que desde su creación, el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento y que para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41,945 millones de pesos; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración;

Que los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos (incluyendo energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad);
Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado;

Que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional, inclusive respecto de los que ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, ya que, entre otras razones:
a) El porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad. A junio de 2009 Luz y Fuerza del Centro perdió el 30.6% de energía, en tanto que dicha Comisión perdió el 10.9%; casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra el porcentaje de pérdidas que presenta Luz y Fuerza del Centro,
b) En 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo, y
c) En el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad;

Que por todo lo expuesto se puede concluir que no sólo no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera de Luz y Fuerza del Centro, sino que el organismo descentralizado subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo y que lejos de alcanzar los índices equivalentes respecto del sector nacional, el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público;

Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza;

Que con base en todos los elementos expuestos, el presente Decreto tiene por objeto extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan las obligaciones a cargo del organismo frente a terceros;

DECRETO

Artículo 1.- Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Artículo 2.- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo 3.- La Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

La unidad administrativa de la Secretaría de Energía que ejerza las funciones de coordinadora de sector, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Artículo 4.- Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- El Gobierno Federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 6.- Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 7.- La Secretaría de Gobernación, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, velará en
todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones de gobierno.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

TERCERO.- La Secretaría de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.- Rúbrica.--

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Dónde quedó fibra óptica de LyFC (CNN EXPANSION)

El IFAI pide informes sobre el uso que se da a este material y que pertenecía a Luz y Fuerza. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el sujeto obligado para informar.

Por: Redacción Manufactura

CIUDAD DE MÉXICO (Manufactura) — El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó informar quién es el propietario y qué uso se está dando actualmente a la fibra óptica que operaba la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

La información la había negado, con el argumento de que estaba bajo reserva por dos años, pero durante la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por el solicitante que se inconformó con la respuesta, dio a conocer que la fibra óptica sigue siendo propiedad de LyFC y que el uso que se le está dando "es para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona de influencia" que tenía éste.

La ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén explicó que, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia, al momento de decretarse la extinción de LyFC, esta compañía continúa siendo propietaria de sus bienes, hasta en tanto el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no concluya con el inventario correspondiente y determine el destino de cada uno de ellos.

De acuerdo con lo anterior, la propiedad de la fibra óptica sigue siendo de LyFC, independientemente que haya sido entregada y esté siendo utilizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues al ser un activo de tal relevancia, fue necesario que el SAE dispusiera su utilización para la continuidad del  servicio al que está destinado.

Indicó que la determinación material del inventario de bienes de LyFC no impide al SAE manifestar en propiedad de quién está la fibra óptica, pues esta información se deduce del marco normativo que rige a éste sujeto obligado y al proceso de liquidación del organismo descentralizado, además de que no es parte de las deliberaciones de éste.

Advirtió que la respuesta del SAE -sobre la propiedad y el uso que se está dando a la fibra óptica- al requerimiento de información adicional que le hizo el IFAI durante la integración del expediente, atiende lo solicitado por el  particular, por lo que lo instruyó a entregar esos datos.

El SAE había manifestado en su primera respuesta y en alegatos que no podía dar a conocer la información, entre otras razones, porque esto podría entorpecer el procedimiento o las decisiones medulares del proceso de liquidación de LyFC.  

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Roban disco duro con datos sobre fraude contra la CFE por más de $300 millones (La Jornada)

La sustracción se hizo horas después de que se descubriera el desfalco a la empresa: abogado

Roban disco duro con datos sobre fraude contra la CFE por más de $300 millones (La Jornada)

En la computadora estaban grabadas las transacciones ilegales que se hicieron durante cuatro años

Durante cuatro años, una red de funcionarios desvió millones de pesos del presupuesto de la CFE, sin que la auditoría o administración se percataran. En la imagen sección del Museo TecnológicoFoto Carlos Cisneros

Israel Rodríguez

 

Periódico La Jornada
Sábado 9 de octubre de 2010, p. 25

El disco duro de la computadora donde quedaron grabadas las transacciones realizadas durante cuatro años y que provocaron un quebranto a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 308 millones de pesos, desapareció de las instalaciones de la empresa la noche del 20 de junio de 2007, horas después de que fueran descubiertas las transacciones indebidas, lo que hace sospechar que altos funcionarios de la paraestatal están coludidos en el megrafraude.

Lo anterior lo denunció Alejandro Ortega Sánchez, abogado de la cajera María Elena Guerrero Escamilla, quien descubrió el desvío de recursos y por reportarlo a sus superiores fue inculpada y encarcelada con una sentencia de cuatro años seis meses.

El litigante indicó que las transferencias de recursos se hicieron mediante la cuenta que la CFE tenía en el banco Hong Kong Shangai Bank, mejor conocido como HSBC.

Ortega Sánchez refirió: Cómo es posible que después de que la CFE comprobó que le habían robado cientos de millones, en vez de preservar el lugar, sobre todo la computadora en la que se realizaron las transferencias, permite que entre un individuo y se robe el disco duro.

En entrevista con La Jornada, el abogado describe cómo se descubrió el desvío de fondos del HSBC a cuentas personales de empleados de la CFE, sin que la auditoría, contabilidad y otras instancias de la paraestatal hayan detectado las transferencias indebidas durante tanto tiempo.

Relata: "El 20 de junio de 2007, María Elena Guerrero, cajera de la subdirección de transmisiones de CFE, llegó a su trabajo, abrió su computadora como todas las mañanas y se dio cuenta de que había transferencias millonarias de poco más de 7 millones de pesos que ella no había hecho. Inmediatamente se comunica con los funcionarios del banco, quienes la guían para conocer quiénes habían realizado las transferencias indebidas y descubre que no sólo eran esos 7 millones de pesos, sino que se habían hecho depósitos a otras cuentas en el pasado que juntas sumaban unos 300 millones.

María Elena le pidió al funcionario bancario que detuviera las transacciones. Esas transferencias ya no se hicieron gracias a que María Elena (Guerrero) las detectó y las paró en su momento, además se dio cuenta de que había muchas transferencias de cerca de 300 millones de pesos hacia atrás. Se sentía orgullosa como una heroína de haber descubierto el fraude. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) la arraigó y luego le fincó responsabilidades.

Como parte de las investigaciones, la PGR logra el 7 de octubre de 2007 la aprehensión de Alejandro Morales Méndez, quien purga condena en el Reclusorio Norte, considerado el principal responsable del millonario fraude a la CFE.

El ex empleado, según documentó la PGR, negoció en 2006 47 inmuebles en Pachuca, Hidalgo: 24 a su nombre, 20 al de su esposa Dora Alicia Hernández García y tres inscritos en favor de su primo Crisógono Morales, quien presuntamente recibió transferencias de manera ilegal por 68.4 millones de pesos.

María Elena Guerrero informó a su jefa inmediata Diana Patricia Gutiérrez Molina (actualmente en prisión), a quien le sustrajeron la clave de acceso.

Inicialmente se establecieron cargos en contra de 21 funcionarios de la CFE y particulares que fueron acusados de cometer el mayor fraude conocido en la historia de la empresa eléctrica.

La CFE está ocultando quienes de arriba están metidos, porque no son las personas de abajo, aseguró Alejandro Ortega.

El litigante informó que Julián García Aguado (también en prisión) fue la persona que robó el disco duro de la computadora desde donde se hacían las transferencias, sin embargo, el banco no quiso revelar la información de su disco de respaldo aduciendo el secreto bancario, dado que podría perjudicar a otros clientes de la institución financiera.

Para inculpar a María Elena Guerrero Escamilla, agregó el abogado, se utilizó a René Trejo Orduña, quien dependía de Noé Peña, funcionario de la CFE y éste a su vez de Néstor Moreno Díaz, investigado por presuntos actos de corrupción.

La actitud sospechosa del primer juzgador Carlos López Cruz fue que no quisieron admitir las pruebas: primero, la CFE permite que le roben el disco duro y no preservó el lugar de los hechos, pese a que sabían que había un problema bastante grave; y en segundo, cuando nosotros queremos desahogar nuestras pruebas para acreditar que María Elena Guerrero Escamilla no tuvo nada que ver, no lo permiten los jueces y la CFE se convierte en coadyuvante y se va encima de María Elena. La autoridad judicial se comportó muy mal y no cumplió su trabajo.

Posteriormente, la segunda juzgadora, la juez Silvia Estrever Escamilla, ahora magistrada, le manda pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que diga si ella podía exigirle al banco (HSBC) que aportará los elementos que estábamos pidiendo. Y la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores) así le contestó: La juez eres tú y tu tienes las facultades.

No tomaron en cuenta las pruebas de descargo que beneficiarían a María Elena por la presión de CFE, indicó el defensor jurídico al señalar que es una injusticia completa lo que le hicieron a María Elena Guerrero.

–¿Porque se amparó HSBC?

–Porque perdió en primera instancia.

Fuentes cercanas al banco, que prefirieron permanecer en el anonimato, señalaron que por el tamaño de la cuenta con CFE y la importancia de ese cliente, cada mes un funcionario del banco llevaba personalmente el estado de cuenta a la tesorería de la Comisión. Y dice que tienen los acuses de recibo firmados. Entonces la pregunta es: ¿Si durante cuatro años recibieron cada mes los estados de cuenta, y según el contrato el periodo para reclamaciones era de seis meses, por qué nunca reportaron la sustracción de ese dinero, sino hasta que se dieron cuenta por casualidad?

"Nosotros –detalló Ortega Sánchez– dentro de las pruebas comprobamos que había un contrato en el que se establecía el horario para realizar las transferencias. Éstas se tenían que hacer de nueve a 16 horas y en el expediente del caso había reportes de movimientos realizados a las cinco y seis de la mañana. Entonces, cómo permitió el banco que se hicieran esas transferencias, si no estaban dentro del horario que marcaron ellos (HSBC) dentro de un contrato".

Después, la CFE le demanda al banco que le regrese los 300 millones de pesos, ante las pruebas de que la institución crediticia estuvo coludida con las transferencias indebidas, porque no cuido ni respeto los horarios. La CFE pierde la primera instancia; en la segunda, que acaba de pasar hace tres meses, condenan al banco a devolver los 300 millones de pesos y los intereses correspondientes, y es contra esa resolución que el licenciado Javier Quijano presenta el amparo directo. Por ahora el proceso está detenido hasta que se resuelva.

La CFE realiza un doble juego: por una parte, pelea el juicio penal para que funcionarios involucrados (entre ellos María Elena Guerrero) le devuelvan los 300 millones de pesos; y por otro, le exige el dinero al banco. Ya es un negocio para ellos, quieren cobrar dos veces un desfalco.

La CFE no le informó al juez penal sobre lo que reclama por la vía civil. Además, fueron embargadas de forma equivocada las cuentas de Alejandro Morales, quien tiene más de 50 casas y varios millones en cuentas. La CFE no lo logró porque la Procuraduría General de la República (PGR) no realizó bien la integración de la averiguación para asegurar los bienes y el dinero. Entonces Alejandro Morales presenta un amparo y le quita el aseguramiento a la PGR.

HSBC impugnó la sentencia de segunda instancia y presentó una demanda de amparo, que será la tercera y definitiva instancia. Quien gane ya no podrá ser impugnado. En este punto está el proceso legal.

Cabe señalar que La Jornada notificó desde hace una década sobre los malos manejos en CFE por parte de Néstor Moreno Díaz. En otro caso de corrupción, actualmente ya son tres los funcionarios de la CFE acusados de recibir sobornos: Néstor Moreno, Gustavo Salvador Torres y Arturo Hernández Álvarez.

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A un año del ilegal asalto a LFC e intento de liquidar al SME (La Jornada)

A un año del ilegal asalto a LFC e intento de liquidar al SME (La Jornada)

El 10 de octubre se cumple un año del ilegal asalto por la noche del sábado a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por los elementos de la PFP; el día 11 cumple un año el decreto presidencial que extingue LFC, despide a 44 mil electricistas e intenta liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de un brutal manotazo; el día 13, el organismo liquidador SAE pidió la autorización legal de la Junta Federal para dar por terminada la relación de trabajo de los 44 mil obreros, para evidenciar la ilegalidad del decreto. Un aniversario más: los medios volvieron invisibles las demandas y la lucha del SME, en cambio abrieron sucias campañas oficiales y privadas en su contra, dejando clara constancia de la dictadura que ejercen las televisoras, radios y la mayoría de la prensa: de desinformar y mentir a casi toda la sociedad.

En un acto de irresponsabilidad, las cúpulas del PRI y PAN permitieron que el Ejecutivo federal invadiera la esfera exclusiva del ámbito del legislador, al negarse a interponer la consecuente controversia constitucional. Del mismo modo que la Suprema Corte negó el amparo del SME con mediocres argumentos que no pudieron ocultar su irracional resolución, cómplice y subordinada.

Por su parte, Calderón declaró que la extinción de LFC se debió a la presión de la iniciativa privada (La Jornada, 13/11/09), lo que reiteró el líder de los empresarios Mario Sánchez Ruiz, quien dijo que él y Calderón traemos la misma visión de qué es lo que el país requiere (Reforma, 10/05/10), confirmando la actuación ilegal y la mentira del decreto presidencial y la Suprema Corte.

Avanza peligrosamente la degradación de la legalidad impuesta por la rapaz política neoliberal. Benito Juárez afirmó: La ley ha sido siempre mi espada y mi escudo. En cambio, de Calderón es: haiga sido como haiga sido.

Por la ANAD, Manuel Fuentes, Estela Ríos, Óscar Alzaga, Jesús Campos, José Luis Contreras, Edith Ramírez, Raúl Jiménez y 28 firmas más

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A un año del golpe fascista el SME reclama: ¡patrón sustituto y toma de nota ya! / ¿A quién enfrentamos? (La Jornada)

A un año del golpe fascista el SME reclama: ¡patrón sustituto y toma de nota ya! / ¿A quién enfrentamos? (La Jornada)

José Antonio Almazán González

Una de las pruebas de los ilegales intereses presentes en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) nos lo brinda la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que el entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth presentó el 13 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados. ¡Tan sólo tres días después de la toma violenta, por aire y tierra, de las instalaciones de LFC! La premura de esta iniciativa tuvo que ver con el cálculo político de exterminar en pocos días la resistencia del SME y legalizar de inmediato la rapiña sobre LFC.

1. Mediante reformas a los artículos 10 y 12 y la creación de los capítulos X y XI de la LSPEE y al artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y con la finalidad de ajustar el marco regulatorio del sector eléctrico del país a los principios constitucionales de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, gobierno corporativo y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la citada iniciativa reconoce un hecho y pone al descubierto sus reales intenciones: la figura de patrón sustituto y su propósito de avanzar en la privatización de la industria eléctrica mediante empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica.

De manera cínica esta iniciativa del PAN señala que la decisión presidencial de liquidar LFC "puso fin a una excepción al modelo de servicio público planteado desde la reforma cardenista, excepción que sin duda alguna afectaba a los habitantes del área metropolitana del valle de México y que provocaba condiciones diferenciadas en el disfrute del servicio, además de un importante caudal de recursos públicos". Después en cuatro párrafos reconoce que "en virtud de esa decisión, la CFE –Comisión Federal de Electricidad– asume nuevamente las funciones que venía prestando el organismo descentralizado liquidado, y que estaban planteadas desde la nacionalización de esa industria", aceptando que "la CFE será la única empresa estatal que tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 27 constitucional y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica". De manera reiterativa acepta que "al asumir las funciones de Luz y Fuerza, se torna impostergable que la CFE cuente con un marco normativo moderno y eficaz" (subrayados míos). Como el PAN lo reconoce, aunque Lozano lo niegue, CFE es para todos los efectos constitucionales, legales y laborales el patrón sustituto en los términos de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 290 de la Ley del Seguro Social.

2. Por supuesto la figura de proveedor del servicio del suministro de energía eléctrica o empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica no existe en la LSPEE ni en su reglamento. Por la simple y llana razón de que la Constitución lo prohíbe al establecer en el párrafo sexto del artículo 27 la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, en CFE la existencia de estas empresas es un hecho verificable desde hace muchos años, al igual que en Pemex. Empresas contratistas, en algunos casos propiedad o con participación accionaria de funcionarios públicos de CFE y de Pemex. Pero en todos los casos fuente de corrupción y de amasamiento de grandes fortunas con cargo al erario. Y precisamente, como este tipo de empresas están por fuera de la Constitución y la ley, el PAN presentó su iniciativa para legalizar en ley secundaria lo que la Constitución prohíbe; y en premio a su esfuerzo legislativo Roberto Gil Zuarth fue promovido a subsecretario de Gobernación.

3. De todos es conocido que el plan maestro de privatización de los energéticos salió de las oficinas centrales del Banco Mundial, del llamado Consenso de Washington y de los mandos del Fondo Monetario Internacional, bajo la preeminencia del imperialismo estadunidense. Estas políticas privatizadoras se han instrumentado por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte. En México han avanzado mediante reformas a leyes secundarias como fue el caso de la contrarreforma a la LSPEE promovida por Salinas de Gortari en 1992 y otras menos conocidas en 2008, hasta desembocar en esta última iniciativa del PAN.

Con el pretexto de regular los derechos básicos de los usuarios eléctricos, el PAN introduce la figura jurídica de empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica, para las siguientes funciones: servicio ofrecido, su precio, condiciones de contratación y sus características; la facturación, el cobro, las medidas de consumo y demás características del servicio contratado; calidad, garantía y seguridad en la prestación del servicio por parte del proveedor, el derecho a la reparación e indemnización adecuada, oportuna y eficaz por los daños materiales en que incurra el proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones. En suma, para dejar en manos del capital privado toda la cadena productiva eléctrica (conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica), en el entendido de que ya 40 por ciento de la generación eléctrica está en manos del capital extranjero. ¡Y todavía se ofenden cuando se les califica de vendepatrias o de que sus decisiones públicas las toman al amparo etílico! A un año del golpe fascista el SME reclama: ¡patrón sustituto y toma de nota ya!

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Retoma el SME movilizaciones ante el incumplimiento federal de acuerdos (La Jornada) / En magna asamblea extraordinaria recuerda el fatal primer aniversario de la desaparición de LFC

Retoma el SME movilizaciones ante el incumplimiento federal de acuerdos (La Jornada) / En magna asamblea extraordinaria recuerda el fatal primer aniversario de la desaparición de LFC

Entrega al PRI iniciativa para crear un organismo que dé empleo a 16 mil electricistas / Retoma el SME movilizaciones ante el incumplimiento federal de acuerdos / En magna asamblea extraordinaria recuerda el fatal primer aniversario de la desaparición de LFC

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Jueves 7 de octubre de 2010, p. 14

Se acabó la tregua. El gobierno federal no cumple, por lo que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reiniciará movilizaciones, así como acciones por la vía legislativa, para lo que ya entregó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en la que plantea la creación de un nuevo organismo que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país, misma que será impulsada por el PRI.

El Palacio de los Deportes fue escenario de la magna asamblea extraordinaria realizada ayer por el SME, en la que acordó volver a las calles en acciones contundentes ante el sinuoso, atropellado y lento camino que ha significado la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, convino realizar una serie de actos, que incluyen una movilización –el próximo sábado– frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el día 11 una marcha y concentración en el Zócalo, donde realizará una asamblea de usuarios para recordar el fatal primer aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En el Palacio de los Deportes, colmado por los más de 16 mil electricistas en resistencia y casi 10 mil jubilados y sus familias, las proclamas y reclamos fueron contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, a quien le recordaron que hace un año los había dado por muertos, y luego de un casi año aún no ha logrado entregar el acta de defunción del SME; por el contrario, ha convertido este movimiento en un conflicto social.

Durante el foro, al que asistió el político Manuel Bartlett Díaz, el líder del sindicato, Martín Esparza Flores, advirtió que los secretarios de Gobernación (Francisco Blake) y del Trabajo serán responsables de lo que pase en las calles, porque no han cumplido los acuerdos que se tomaron a cambio de levantar la huelga de hambre que realizaban varios electricistas en un campamento del Zócalo. Además –dijo–, la tregua de movilizaciones se hizo con el gobierno capitalino, no con el federal, y la vía pública es de la clase trabajadora, sostuvo.

Señaló que si no es por la vía de la negociación que los electricistas regresen a trabajar, será por la legislativa, por lo que ya se entregó a una comisión de diputados del PRI una iniciativa de ley para que se cree un organismo, empresa o una nueva comisión de electricidad del centro, o como se quiera llamarle, la cual será impulsada por legisladores de ese partido y ya está siendo consensuada con diputados de PRD, PT y Convergencia para que la apoyen, dijo Esparza.

En un ambiente de enojo por el año en que han sobrevivido en el desempleo, pero en el que los trabajadores del SME también organizaron las clásicas olas, el secretario del interior del gremio, Humberto Montes de Oca, expuso que la iniciativa de reformas a la ley planteada por el SME será impulsada para que de inmediato se discuta en el Legislativo y para que, incluso, su análisis se contemple dentro de la revisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2011. Esta es la vía más directa para lograr la solución, porque la negociación en Gobernación ha sido sinuosa y lenta.

Los electricistas estuvieron acompañados por otros dirigentes gremiales, como Benito Bahena, de la Alianza de Tranviarios, quien hizo una acre crítica a la actuación de Javier Lozano al frente de la STPS. Éste, dijo, sólo vino a este sexenio a golpear, golpear y golpear a los trabajadores. El secretario del exterior del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Francisco Galindo, aseguró que esta organización se sumará a las movilizaciones del 11 de octubre y va a realizar marchas a la Cámara de Diputados para demandar más presupuesto para la educación media y superior.

En el escenario principal de esta asamblea, en cuya base había un enorme cartelón con una caricatura de Lozano manejando un títere con la figura de Alejandro Muñoz, trabajadores como Ricardo Pérez, quien estuvo 72 días en huelga de hambre–, Mario Benítez y José Antonio Almazán llamaron a acompañar las acciones en San Lázaro y el Senado con sendas protestas el 15 y 30 de octubre, así como el 15 de noviembre; plantearon también cobrar al gobierno federal la factura de no cumplir los acuerdos y convertir la concentración del 11 de octubre en marcha a la plaza mayor.

Esparza respondió: llevamos un año y no nos hemos cansado, y no vamos a cansarnos hasta recuperar el contrato colectivo de trabajo y el empleo. También habló de Víctor Fuentes del Villar, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, quien, aseguró, "se ha convertido en cómplice de la corrupción que hay en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual es encabezada por el jefe del cártel de la electricidad: Alfredo Elías Ayub", mientras los trabajadores querían empezar en ese mismo instante movilizaciones por Viaducto, para retomar la calle al haber cumplido un año en resistencia.

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AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente

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