SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) / Unión de jubilados y extrabajadores de LyF afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de los ciudadanos mexicanos simpatizantes de nuestra causa ¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR!
Union de jubilados y extrabajadores de LyF afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de los ciudadanos mexicanos simpatizantes de nuestra causa ¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR!
Me acaban de asegurar que debería de haber ido a pasar revista de sobrevivencia en el mes de diciembre, de lo cual, si fue así, yo no me enteré. Quiero solicitarles por favor que si alguien de ustedes saben me lo confirmen o me informen cuando es necesario a pasar comprobación de sobrevivencia.
Saludos cordiales desde Seattle, deseándoles un Feliz 2010.
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Pasará a la historia como el año de la crisis económica Pero debiera recordarse como el año de la quiebra del modelo económico.
Peor, imposible. No sólo por las pésimas calificaciones que afuera nos pusieron todos los organismos internacionales y los premios Nobel. Sino por la soberbia ignorante de calificar como un catarrito un sacudimiento que ya todo mundo anticipaba brutal e implacable. Aquí respondimos con bravatas lo que debió haber sido un esfuerzo racional y nacional.
Por eso duelen los números del desastre: más de un millón de mexicanos perdieron su empleo este año; 10 mil 700 empresas, de todos tamaños, desaparecieron en el mismo periodo; las ventas a los mercados foráneos se derrumbaron en 27 %; mientras que la inversión extranjera directa bajó en más de 7 mil millones de dólares, lo que evidencia nuestra pérdida de competitividad global. Todavía más: durante los tres primeros trimestres el PIB retrocedió 8.1 %en relación con el mismo lapso en el 2008; y si consideramos desde el 2006, el país simple y llanamente no ha generado riqueza. En suma, hay un pésimo comportamiento de la actividad económica, aun de aquélla que debería de crecer tan sólo por contar con un mercado interno de 107 millones de personas; peor aún, en el sector comercio la baja ha sido de más de 18%.
El diagnóstico es brutal: "En 2009, México ha enfrentado desafíos que exhibieron las debilidades estructurales de la economía. Lejos de las declaraciones políticas que nos suponían blindados contra el ciclo de Estados Unidos, lo que el 2009 nos mostró es un país que no tiene los mecanismos de finanzas públicas adecuados para impulsar su crecimiento económico, generar empleo, mejorar la seguridad pública y social, y alcanzar la solución real contra el flagelo de la pobreza".
Así de claro y así de despiadado. Y lo más impactante es que si alguien supone que este diagnóstico proviene de alguna ONG subversiva o de algún pobretólogo clamando en el desierto, se equivoca. Todo los datos aquí suscritos así como lo dicho arriba están contenidos en el estudio denominado "2009: la crisis del modelo económico" elaborado en el mismísimo Tecnológico de Monterrey.
En él también se establecen otras cifras que denotan el país que ahora somos: 28 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud pública o privada; 12 millones sobreviven en la economía informal que no paga impuestos; y más de 70 millones han padecido un severo deterioro en sus niveles de vida, como consumo, poder adquisitivo y salario. Respecto a la pobreza, frente a los seis millones de nuevos pobres que el propio presidente Calderón admitió en lo que va de su sexenio, el estudio del Tec establece que son muchos más: 11 millones tan sólo en 2008 y 2009.
Por todo ello y más, lo único bueno del 2009 es que ya se termina.
A propósito, por vacaciones, esta columna reaparece el próximo martes 12 de enero del que esperamos sea un mejor año. Así que: ¡Feliz 2010!
Periódico La Jornada Lunes 28 de diciembre de 2009, p. 6
"Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) estamos vetados al menos tres años para laborar en cualquier dependencia pública, hasta que termine este sexenio. Es una verdadera cacería, no nos dan trabajo en ningún lado, es tremendo para nosotros y la familia", dice Eduardo Cortés Carrasco, quien tenía 19 años cumplidos de antigüedad en Luz y Fuerza del Centro (LFC) –en la subgerencia comercial de la sección de agencias foráneas–, ya se liquidó y no ha encontrado ninguna opción para laborar.
Cortés Carrasco se reincorporó a la lucha y apoya todas las acciones de movilización política y social. Dice que la brutal campaña que emprendió el gobierno de Felipe Calderón para justificar la extinción de LFC ha traído consecuencias nefastas para todos los trabajadores despedidos, ya que en ningún lugar los quieren contratar.
Como ya se ha referido en varios medios, a estos trabajadores los tienen vetados en diversas empresas privadas, y ahora, narra este trabajador, también están impedidos de trabajar en cualquier oficina gubernamental. Me he enterado de diversos trabajos en instancias públicas e incluso acudí al Departamento del Limpia del Gobierno del Distrito Federal y en todos lados nos dicen que vamos a tener que esperar a que se acabe el sexenio, porque no hay trabajo para ninguno de nosotros, (los integrantes del SME) que estamos vetados.
Doble estigma
A cualquier lugar donde van a pedir trabajo, aun cuando no digan que son de LFC, inmediatamente localizan nuestro registro por medio del IMSS y nos bloquean. Nos tratan peor que si fueramos egresados de la real academia del reclusorio, dice, y añade que el gobierno de Felipe Calderón ha engañado, manipulado la información y actuado no sólo con total ilegalidad, sino con infamia hacia ellos.
Protesta de trabajadores del SME en Paseo de la Reforma. Imagen de archivoFoto Víctor Camacho
Afirma lo anterior porque en primer lugar las liquidaciones fueron violentadas, ya que no se dieron conforme al salario base que tenían en nómina, ni contabilizaron el total de sus años trabajados, por ello, con todo y el famoso bono, nos escamotearon 40 por ciento del monto que nos correspondía de las liquidaciones; además, fue un engaño la promesa de que aquellos que se liquidaran primero iban a ser contratados, y hay que agregar que las franquicias no están funcionando, porque no hay mercado para ningún negocio y las liquidaciones apenas alcanzaron para pagar algunas deudas, rentas o colegiaturas.
El único camino, dice, que les están dejando a los electricistas es la economía informal, porque hay una verdadera cacería de trabajadores.
Cortés, quien en 19 años de trabajo sólo tuvo dos faltas, ahora, al igual que muchos otros que ya cobraron su cheque, interpuso un amparo individual contra su liquidación y se volvió a sumar a la lucha del SME, incluso este trabajador está en el campamento ubicado en Paseo de la Reforma.
El gobierno federal no se puso a considerar las consecuencias sociales y económicas de su determinación, no le importa los trabajadores y el pueblo, sólo los intereses de los empresarios, concluye.
Todos los días millones de profesionales como Miguel Leopoldo Alvarado utilizan LinkedIn para conectarse con colegas de trabajo, encontrar a expertos y explorar nuevas oportunidades.
Sé que es difícil en estos momentos desear y recibir felicitaciones de Navidad, sin embargo, me tomo el atrevimiento de hacerlo, y desearles una Feliz Navidad, y un mejor 2010.
Reclamo. Una reducción de integrantes del Congreso, según el documento, facilitaría los mecanismos de concreción de acuerdos. Foto: Archivo
El presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma política con 10 puntos entre los que destaca la segunda vuelta para la elección de presidente de la república (practicada en 80 países), la reelección de legisladores, presidentes municipales, regidores y jefes delegacionales hasta por 12 años.
Bajo la premisa de "pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva", el mandatario propuso la reducción de integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 400: 240 electos por el principio de mayoría relativa y 160 de representación proporcional.
En el caso del Senado de la República, eliminar 32 escaños para un total de 96, esto es, tres senadores por entidad federativa.
Propone además aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y acceda al financiamiento público. Se pasaría del dos por ciento actual a un cuatro por ciento, con el fin de garantizar mayor representatividad social.
Al detallar su propuesta, desde el Salón "Manuel Ávila Camacho", en Los Pinos, Calderón detalló que se pretende otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de presentar dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones e introduce el concepto de veto parcial (no total) a leyes o decretos aprobados por el Legislativo, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con la iniciativa, se pretende otorgar a la Suprema Corte la atribución para presentar iniciativas de ley; se introducen las figuras de candidaturas independientes e iniciativa ciudadana.
Acompañado por el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, y en un extremo del salón por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el mandatario puso a consideración del Constituyente Permanente las iniciativas para que sean analizadas, discutidas y, si así lo tienen a bien, aprobarlas, pues significarán "un punto de inflexión en el devenir político del país".
El decálogo propuesto al Congreso de la Unión es el siguiente:
1.- Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales, en los estados y municipios. Se establece un límite hasta por un periodo de 12 años, en los plazos que establezcan las constituciones locales.
2.- Permitir la elección consecutiva de legisladores federales en periodos que tengan un límite de hasta 12 años. Es decir, en cada elección del Congreso los ciudadanos podrán decidir con su voto si los legisladores que cumplieron la tarea encomendada se quedan con su representación o se van.
"Con ello se recupera para las ciudadanos un poder que se les había negado desde 1933, ya que el Constituyente de 1917 no restringió esta posibilidad", puntualizó.
3.- Reducir el número de integrantes del Congreso a fin de facilitar los mecanismos de negociación y concreción de acuerdos legislativos y en respuesta a demandas ciudadanas que se han manifestado a través de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 y que muestran que cuatro de cada cinco mexicanos apoyarían este cambio.
Respecto al Senado, quiere devolverle su sentido original de velar por los intereses de cada una de las entidades federativas de manera homogénea y paritaria, al eliminar los 32 escaños de la Lista Nacional y mantener tres senadores por entidad, para un total de 96.
En cuanto a la Cámara de Diputados, la propuesta es reducir su número de 500 a 400, para facilitar la construcción de acuerdos, una toma de decisiones más rápida y efectiva. Ello contribuirá a superar la parálisis legislativa, además de generar ahorros presupuestales.
Se propone que en los años en que se celebre la elección para la Cámara de Diputados el Congreso se reunirá a partir del 1 de octubre.
4.- Aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y acceda al financiamiento público y pasar del dos por ciento actual a un cuatro por ciento, con el fin de garantizar mayor representatividad social.
5.- Incorporar la figura de iniciativa ciudadana, para ampliar sus libertades y garantías políticas, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso sobre los temas que son de su interés. Con ello se abre la puerta para que su participación en los asuntos públicos vaya más allá de la elección de autoridades.
6.- Ampliar los derechos ciudadanos al incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Esto es, ampliar los mecanismos para hacer efectiva la garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados.
"Esta iniciativa reconoce que la construcción del bien común no se agota con la representación partidista, sino que se complementa sin excluir aquella con la representación independiente. Lo que promueve es que los partidos hagan mayor esfuerzo para responder a las demandas de los ciudadanos y acercarse a ellos", subrayó.
7.- Adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección de presidente de la república.
Es decir, será electo presidente el candidato que en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos y, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número de votos.
"Con esta propuesta, se asegura que gane quien tenga el mayor apoyo y contribuir a generar un mandato más claro", dijo el presidente Calderón, quien propone que la segunda vuelta electoral presidencial se realice en la misma fecha que la elección legislativa.
Se propone realizar la primera vuelta de la elección presidencial el primer domingo de julio, mientras que la de representantes del Congreso en ese año tendrá lugar el segundo domingo de agosto de manera concurrente con la segunda vuelta de la elección presidencial.
8.- Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia y tener así la capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y la posibilidad de incidir directamente en mejoras a la normatividad constitucional en materia de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que se reflejarán en mayor eficiencia del Poder Judicial.
9.- Facultar al poder Ejecutivo para que pueda presentar al inicio de cada primer periodo ordinario de sesiones dos iniciativas preferentes, que deberán dictaminarse y votarse por el Legislativo antes de que concluya dicho periodo.
En el caso de que no dictamine y vote en consecuencia en cualquier sentido, la iniciativa se considerará aprobada.
Las iniciativas de reforma constitucional que se presenten bajo este procedimiento se someterán, en caso de que no exista decisión por el Congreso, a un referéndum, para que sea el ciudadano el que decida.
10.- Se busca establecer de forma expresa en la Constitución la facultad del Ejecutivo para observar, parcial o totalmente, los proyectos de ley aprobados por el Legislativo, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta propuesta se basa en que, si bien el presidente puede desechar en todo o en parte un proyecto de ley, en realidad no dispone del llamado veto parcial.
Esta disposición impide la publicación de aquellas partes de los proyectos que alcanzaron consenso pleno en el interior del Congreso y de éste con el Ejecutivo.
Se busca, explica, dar certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitar riesgos en la conducción de las finanzas públicas. Establece, entre otras cosas, la figura de la reconducción presupuestal y reconducción de la Ley de Ingresos.
---------- Mensaje reenviado ---------- De: RC Rojasrcrcbuzon@yahoo.com.mx Fecha: 16 de diciembre de 2009 Asunto: [LINEA_ABIERTA]: Retroceso al Porfiriato de Fe Cal por medio a más violaciones de nuestra Constitución Para: linea_abierta@yahoogrupos.com.mx
Artículo de Enlace Expres
El Nuevo Porfiriato
A pocos meses de celebrar los 200 años del Movimiento de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, la sociedad se encuentra envuelta en la incertidumbre impuesta por un régimen oligárquico, comandado por el CEO (chief executive officer) de Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa, el cual pretende llevar a buen fin los acuerdos pactados en la contienda electoral de 2006 que le llevaron a la Presidencia de la República, además de continuar con los proyectos oscuros emprendidos por aquel Gobierno "vanguardista" y del "cambio" que muy mal presidió Vicente Fox Quesada, quien entre otras muchas cosas, cedió los derechos de la explotación del triple play a inversionistas españoles utilizando la red eléctrica de la CFE, significando un negocio redondo, no para México, sino para quienes se lo están llevando a la bolsa.
Los cambios que nuestro país ha sufrido en los últimos 9 años son increíblemente inauditos y se entiende por esto la pérdida de la soberanía nacional (aunque muchos no queramos aceptarlo), la desaparición y control por parte del Estado de los organismos autónomos (aunque sigan teniendo el nombre de autónomos), la imposición de una realidad falsa valiéndose del control de los medios de comunicación y la paulatina, embustera y muy segura apuesta por la privatización de las empresas controladas por el Estado entregándolas a las transnacionales.
Gracias a la controvertida y casi impugnada elección presidencial de 2006, el organismo autónomo y supuestamente todavía ciudadano Instituto Federal Electoral (IFE), fue arrebatado de las manos de la ciudadanía para ser entregado al designio de las fuerzas políticas del país, garantizando, según esto, la seguridad y el "respeto" al voto ciudadano. Posteriormente, en agosto de 2008 Calderón toma la artera decisión de desinformar al pueblo de México mediante la creación de otra figura autónoma, premiando a Eduardo Sojo Aldate por su "excelente" labor desempeñada como Secretario de Economía, sobre todo a la hora de negociar la eliminación de cuotas compensatorias con China, con la Presidencia del INEGI, la única fuente de información fidedigna en México respecto a los datos en cuanto a la población y sus actividades económicas. Posteriormente, el poder que embiste al Presidente y sus hábiles negociaciones de intereses mutuos con el PRI, han hecho posible la desaparición de la independencia del único organismo autónomo que quedaba en el país, el Banco de México. La imposición, recomendación, propuesta o como usted quiera llamarle al pronunciamiento de Agustín Carstens como el nuevo y flamante Gobernador de Banxico, es aplaudida por los medios de comunicación nacionales y hasta por el mismo Carlos Slim, quien a cambio del triple play, decidió dar el espaldarazo al brillante ex-secretario; "si el agua destruye caminos…¿cómo dejará el intestino?"; esta frase popular es la que mejor describe al trabajo encomendado al señor Carstens para darle rumbo a la futura política económica de México.
Por otro lado, también el estado de derecho se ha visto perpetrado y ahora, el Poder Judicial podría comenzar a actuar en contra de las garantías individuales del ciudadano mexicano. A la doble postura respecto al juicio de amparo, la facilidad de interponer éste es directamente proporcional a las consecuencias a las que será acreedora la sociedad por no haberlo obtenido, es decir, el hecho de que la corte falle en contra del otorgamiento del amparo, según la próxima reforma, el ciudadano podría ser afectado severamente con la sanción correspondiente a las razones por las cuales trató de defender sus derechos. Y qué decir del amparo fiscal, además de no resarcir el daño en caso de que sea otorgado (difícil en verdad), es probable que su eliminación nos deje indefensos ante las arbitrarias e insoportables acciones tributarias futuras.
Los constantes bombardeos mediáticos del Gobierno Federal nos quieren hacer creer que vivimos una realidad, que si hemos de ser claros… "NO EXISTE". El acceso a la información pública se ha vuelto más limitado y el descaro de nuestros gobernantes al decirnos que la situación actual de México es mejor que la vivida en el 2008 y que vamos en franca recuperación después de haber sufrido un leve resfriado o "catarrito", es tomarnos por tontos.
Los síntomas de un país controlado en su totalidad por el estado y que parecen habernos regresado a la época del Porfiriato se agudizan constantemente. No es casualidad que un 51.02% de la población del país se encuentre en la pobreza y el supuesto "único" incremento de precios para el año que viene, según Carstens, nos ofrece un mejor panorama.
La exigencia hacia quienes nos gobiernan y la rendición de cuentas será un papel muy importante de ahora en adelante para el ciudadano mexicano. A medida que aprendamos a limitar a nuestros gobernantes mediante la constante vigilancia de sus acciones, lograremos combatir las arbitrarias decisiones de quienes intentan conformar el "Nuevo Porfiriato".
Bienvenidos a Enlace México express y que tenga usted, estimado lector, una excelente semana.
El artículo se exlica en base a la siguiente nota periodistica:
El Ejecutivo envía iniciativa al Senado, que se discutirá en 2010; pide segunda vuelta presidencial y reelección; considera que el Presidente puede aprobar leyes
Nadia Sanders
La Reforma del Estado enviada ayer por el Presidente Felipe Calderón al Senado deja pendiente la reforma política del DF como ciudad capital.
Calderón anunció ayer los nueve diez de una primera etapa de reforma que permite la figura de candidatos independientes y el modelo de segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales en caso de que el candidato ganador no obtenga mayoría absoluta.
Propone reducir el número de diputados y de senadores, y abre la puerta a la elección continua hasta por 12 años de los legisladores federales, ediles, presidente municipales y jefes delegacionales, o legisladores locales, en caso de que lo aprueben los congresos.
Ante la falta de consenso para aprobar iniciativas en los dos sexenios de gobiernos panistas, Calderón propone que se permitan dos iniciativas prioritarias al inicio de cada primer periodo ordinario en el Congreso, las cuales tendrían que ser dictaminadas y votadas en ese mismo periodo. De no ser dictaminadas, se darían por aprobadas en automático.
Cuando se trate de reformas constitucionales y que no avancen en la Cámara, éstas se someterían a referéndum.
Habilita además a la Suprema Corte a presentar iniciativas en el ámbito de su competencia y a presentar iniciativas ciudadanas.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, criticó que la iniciativa de Calderón haya llegado "a unas horas del cierre" del periodo ordinario de sesiones.
Rechazó pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa. "Él quería que no se evaluara, le voy a conceder su intención, no la vamos a evaluar sino hasta febrero".
Confirmó que recibió la iniciativa de Calderón y la turnó a las comisiones para su análisis y posible discusión en el periodo de febrero a abril del 2010.
El senador del PRD Pablo Gómez dijo que lo más rescatable es la propuesta de las candidaturas independientes, pues los partidos políticos se han convertido en franquicias.
Y criticó la propuesta de "afirmativa ficta" de las iniciativas del Ejecutivo. "Si la iniciativa preferente va a tener afirmativa ficta, es decir, si no hay votación en el Congreso, entonces se da por aprobada, pues vamos a convertir al Ejecutivo en legislador, se va a generar una antinomia constitucional absolutamente inaceptable, porque eso va en contra de un principio republicano básico, el Ejecutivo no legisla", dijo el senador del PRD.
El senador del PAN Ramón Galindo afirmó que algunos aspectos de la Reforma ya están incluso dictaminados en el Senado, pero habría que analizar los de las candidaturas ciudadanas y la segunda vuelta.
Agregó que si esta iniciativa se hubiera aprobado hace 50 años, el país sería otro.
El senador del PRI Joaquín Coldwell, dijo que el PRI hará el planteamiento de tres aspectos de la reforma, pues no está todo lo que debe incluirse y que están abiertos a analizar la propuesta.
En qué consiste
-Otorga facultades a la ALDF y congresos locales para legislar en materia de elección consecutiva de alcaldes, miembros de ayuntamientos, jefes delegacionales y municipios hasta por 12 años.
-Abre la puerta a la elección consecutiva de diputados federales hasta por 12 años y deja en libertad a los congresos locales para decidir sobre la elección consecutiva por el mismo límite de tiempo.
-Reducir el número de Senadores de 128 a 96, tres por estado.
-Reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 diputados, de los cuales 260 serían electos por el principio de mayoría relativa y el resto por el de representación proporcional (plurinominales).
-Aumentar el mínimo de votos para la permanencia de partidos políticos del 2 al 4 por ciento.
-Propone que sea elegido como presidente de la República quien obtenga más de la mitad de los votos populares, en caso contrario pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número.
-Crea la figura de iniciativa ciudadana, la cual habilita a los ciudadanos a presentar iniciativas de ley.
-Permite la figura de candidaturas independientes ante la falta de representación que puedan representar los partidos políticos.
-Se propone la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República en caso de no obtener la mayoría absoluta.
-Permite al Ejecutivo presentar dos iniciativas "preferentes" cada primer periodo ordinario de sesiones y que tendrían que dictaminarse y votarse antes de concluir el periodo. Y que en caso de no dictaminarse o votarse, se daría por aprobada.
-Cuando se trate de reformas constitucionales y éstas no sean dictaminadas, se someterían a referéndum para que los ciudadanos decidan.
-Permite al Poder Judicial presentar iniciativas de reforma al Congreso en el ámbito de su competencia
AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado Saldaña, N.D. Fundador y presidente.
Mario Govea Sansón, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que el gobierno federal busca desaparecer la planta de El Salto, de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ubicada en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, con el argumento de que desde su creación no ha sido viable en su operación.
Indicó que la planta cuenta, junto con las ubicadas en el Distrito Federal, con la mayor parte de la deuda "histórica" de varios millones de dólares al gobierno, lo que provocó su descapitalización.
Mario Govea apuntó que la subestación poblana únicamente cubre el 30 por ciento de la demanda en la zona que abarca municipios serranos como Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán y Xicotepec de Juárez, y localidades de los estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.
"La parte más difícil de abastecer es la parte central del país. En Puebla nosotros teníamos que comprar energía a Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un costo de 5 por ciento arriba de lo que podemos utilizarlo, lo que a nos generaba un desgaste y una deuda", afirmó.
Govea comentó que las pérdidas crecientes en LFC, además del robo de electricidad y de la corrupción imperante, se deben también a la compra cara de electricidad. Explicó que de cada peso que obtiene la empresa 98 centavos se destinan al pago de electricidad adquirida a la Comisión Federal de Electricidad.
Detalló que, a nivel nacional, la extinta paraestatal estaba obligada a comprar a CFE el 90 por ciento de la electricidad que vendía, lo que representa que cada año debía gastar 59.4 mil millones de pesos en energía, que a su vez era comercializada por un monto aproximado de 46 mil millones de pesos, por lo que acusó que la pérdida "es inducida por la propia autoridad".
Asimismo, criticó que el SME ha presentado 14 proyectos para incrementar la capacidad de generación de la compañía, pero el gobierno federal se niega reiteradamente a otorgar los recursos necesarios desde 1993.
Govea agregó que la mayor parte de su presupuesto era para pagar los subsidios a los usuarios, de los cuales, las grandes empresas y dependencias gubernamentales eran las más beneficiadas.
Indebido, haber negado al SME amparo contra la extinción de LFC: Samuel Ruiz
El obispo emérito Samuel Ruiz ofició en la sede del SME una misa dedicada a la VirgenFoto Víctor Camacho
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada Domingo 13 de diciembre de 2009, p. 6
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, pidió a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mantener la esperanza en recuperar su empleo, aun ante sucesos indebidos, como el rechazo de un juzgado a otorgarles el amparo que promovieron.
Durante una homilía celebrada en el auditorio principal del SME, el prelado afirmó que la lucha de los electricistas no es sólo por su gremio, sino por la instauración de la justicia y la verdad en México.
Más allá de las leyes humanas y de su manejo está la satisfacción de estar caminando por una causa justa, señaló.
Los electricistas pidieron durante la misa en honor a la Guadalupana que Jesucristo ilumine al hermano (Felipe) Calderón y a su gabinete y que les extraiga el veneno del alma.
Otros oraron por las familias de los electricistas que han fallecido desde el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y por la recuperación de las personas que hicieron huelga de hambre en protesta por el cierre unilateral de sus fuentes de empleo.
Algunos más pidieron a Dios que elimine los pensamientos negativos de las personas que están en el poder.
Virgencita, atiende nuestras súplicas e intercede para que nuestra lucha llegue a buen término. Te pido que abras el corazón de los corruptos políticos de México, rogó una trabajadora.
El obispo emérito pidió a la Virgen María de Guadalupe que los ayude a profundizar su fe y buscar, con ese sustento, los caminos de justicia y paz para México.
Un día después del fallo adverso para los electricistas –quienes por la vía jurídica buscan revertir la liquidación de LFC–, Ruiz reconoció el esfuerzo de los electricistas y la solidaridad de otros grupos en la caminata de ocho kilómetros que realizaron la víspera como parte de su plan de lucha.
Les dijo que la arbitrariedad gubernamental no debe determinar el nivel de resistencia del SME.
Añadió que el acompañamiento –en imágenes y oración– de la Virgen no es un mero simbolismo, sino una providencia especial en esta etapa de construcción de un México nuevo, por la vía pacífica y por los senderos legítimos de la justicia.
Será, por tanto, una firme esperanza y bien fundada de que habrá una solución positiva a nuestras legítimas demandas, no obstante el rechazo que indebidamente se ha ido dando al amparo que hemos solicitado, señaló el obispo durante el sermón.
El sacerdote Carlos Rodríguez, de Pastoral Laboral, recordó que antes del 11 de octubre (fecha del decreto presidencial en referencia) celebraba misas en los centros de trabajo para conmemorar a la Guadalupana.
Llamó a los trabajadores a continuar su lucha y, como el indio Juan Diego –según la narración de las apariciones de la Virgen en el cerro del Tepeyac–, no resignarse al rechazo y seguir adelante para conseguir su objetivo.
Es decir, dejar atrás el desánimo, los brazos cruzados y la apatía y, sobre todo, cambiar los paisajes humanos: a Dios rogando y con el mazo dando; a Dios rogando y con el pueblo organizando, dijo.
Misa. Samuel Ruiz, durante el oficio religioso en el edificio del SME. Foto: Notimex
El obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz llamó a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a buscar, por los senderos legítimos, la justicia y la verdad como vía para solucionar su conflicto laboral.
Al oficiar misa en honor a la Morenita del Tepeyac, en la sede del SME —en Insurgentes—, el jerarca católico señaló que la lucha electricista no es por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro sino por el establecimiento de la justicia y la verdad en el país.
Apuntó que más allá de las leyes humanas y de su manejo está la satisfacción de estar caminando por una causa justa y estar construyendo un México en la justicia y la verdad.
Ante decenas de ex trabajadores y sus familias, Samuel Ruiz dijo que eso debe ser causa de satisfacción porque "no es un mero simbolismo sino una providencia especial que estamos acompañados por la Virgen María, madre de Jesucristo y madre nuestra".
A pesar de que una jueza le negó el amparo al SME contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro, Samuel Ruiz expresó que existe una firme esperanza, bien fundada, de que habrá una positiva solución a sus legítimas demandas; "no obstante el rechazo que indebidamente se ha ido dando al amparo que hemos solicitado".
Enfatizó que "somos conscientes de que no solamente estamos considerando el que no haya una arbitrariedad que determine la inexistencia de nuestro sindicato, sino que somos conscientes de que estamos con esto trabajando más allá del sindicato por el restablecimiento de la justicia y la verdad en el país".
Monseñor confió en que la lucha que realizan los electricistas encontrará una solución positiva porque —aseguró— son demandas legítimas.
El obispo emérito dio gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe para que "nos siga dando la fuerza y constancia para seguir adelante en este camino que no solamente es nuestro sino de todos los mexicanos y de toda nuestra patria".
"Damos gracias a Dios nuestro señor a través de María santísima para que nos siga dando la fuerza y la constancia para seguir adelante en este camino que no es solamente nuestro sino de todos los mexicanos y toda nuestra patria", dijo.
El obispo Samuel Ruiz llama a los electricistas a no perder la fe, pese a los reveses judiciales
El obispo Samuel Ruiz aseguró que la Virgen de Guadalupe acompaña la lucha de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, y que por ese motivo continuarán en su afán de construir una patria justa, pese a los reveses judiciales que han tenido.
Al oficiar la celebración de la Virgen de Guadalupe en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en un breve sermón, el jerarca católico aclaró que tal aseveración no se trata sólo de "un mero simbolismo", sino de una "consoladora realidad" el hecho de que la madre de Jesucristo acompaña las demandas de los electricistas.
Destacó que el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas mantiene una firme esperanza de que sus demandas serán escuchadas y que contribuirán, de manera "pacífica, al establecimiento de la verdad".
"Somos conscientes hermanos y hermanas, de que no solamente estamos considerando el que no haya una arbitrariedad que determine la inexistencia de nuestro sindicato, sino que somos conscientes de que estamos con esto trabajando más allá de nuestro sindicato por el establecimiento de la justicia y de la verdad en nuestro país", aseguró.
"Nos es un mero simbolismo: tiene una providencia especial, que estamos acompañados por la virgen María, santa María de Guadalupe, madre de Jesucristo y madre nuestra; no está ajena evidentemente al acompañamiento de nuestra madre santísima de Guadalupe la vía que hemos emprendido, sino que tenemos la consoladora realidad de que estando María con nosotros, estamos construyendo un México nuevo y que el sindicato de manera pacífica, por senderos legítimos de la justicia, estamos luchando y construyendo el reino de Dios", declaró Ruiz García.
Luego de este mensaje del obispo, los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hicieron peticiones para que el conflicto laboral con el gobierno federal se solucione y haya paz en el país.
Finalmente, los cerca de 200 electricistas que acudieron a la celebración religiosa entonaron el tradicional canto guadalupano.
El obispo de Chiapas, Samuel Ruiz invitó a los ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a profundizar en su fe y buscar por senderos legítimos la justicia y la verdad como vía para solucionar su conflicto.
Al oficiar una misa en honor de la Virgen de Guadalupe, en el auditorio de la sede sindical, confió en que la lucha que llevan a cabo encontrará una solución positiva, porque son demandas legítimas.
El obispo dio gracias a Dios y a la "morenita del Tepeyac", para que "nos siga dando la fuerza y constancia para seguir adelante en este camino que no solamente es nuestro sino de todos los mexicanos y de toda nuestra patria".
Con la ausencia del ex dirigente del SME, Martín Esparza, Samuel Ruiz y los sacerdotes de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez y Martín Hernández, pidieron a la Guadalupana no abandonarlos en esta lucha.
Samuel Ruiz sostuvo que "somos conscientes de que no solamente estamos considerando el que no haya una arbitrariedad que determine la inexistencia de nuestro sindicato, sino que somos conscientes de que estamos con esto trabajando más allá del sindicato por el restablecimiento de la justicia y la verdad en el país".
Obispo Samuel Ruiz oficia homilía para SME (El Universal) El purpurado señala que la lucha de los electricistas no es por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, sino por el establecimiento de la justicia y la verdad en el país
Alberto Morales El Universal Ciudad de México Sábado 12 de diciembre de 2009
El obispo Samuel Ruiz ofició una homilía en el auditorio de la sede del SME de Insurgentes, donde centenares de familias de electricistas pidieron a la Virgen de Guadalupe por una solución a la situación que enfrentan tras la pérdida de sus fuentes de trabajo.
El purpurado dijo que la lucha electricista no es por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, sino por el establecimiento de la justicia y la verdad en el país.
"Estamos concientes de que estamos con esto trabajando más allá de nuestro sindicato por el establecimiento de la justicia y de la verdad en nuestro país", expresó.
Esto, dijo, debe ser causa de satisfacción porque "no es un mero simbolismo sino una providencia especial que estamos acompañados por la Virgen maría, madre de Jesucristo y madre nuestra".
Ruiz dijo que hay una firme esperanza, bien fundada, de que habrá una positiva solución a sus legítimas demandas, "no obstante el rechazo que indebidamente se ha ido dando al amparo que hemos solicitado".
El obispo aseguró que más allá de las leyes humanas y de su manejo está la satisfacción de estar caminando por una causa justa y estar construyendo un México en la justicia y la verdad.
"Damos gracias a Dios nuestro señor a través de María santísima para que nos siga dando la fuerza y la constancia para seguir adelante en este camino que no es solamente nuestro sino de todos los mexicanos y toda nuestra patria".
La ceremonia religiosa comenzó con la entonación de "Las Mañanitas" a la Virgen del Guadalupe.
La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.
Obviamente, dicho decreto es violatorio de muchas cosas, entre otras, la fración I del artículo 89 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
En el caso, no había una ley proveniente del Congreso de la Unión que hubiese ordenado la liquidación de la empresa LFC, lo que implica que el Presidente de la República se transformó, por propia iniciativa (aunque le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) en legislador, violando así de manera notable el principio constitucional de la división de poderes.
La sentencia, en lo fundamental, distribuye en tres temas su decisión. La primera la hace consistir en la improcedencia de la demanda de amparo. La segunda, en la procedencia. La tercera, en la valoración que hace de la actuación del Poder Ejecutivo en la que llega a la curiosa conclusión de que no solamente está facultado para reglamentar las leyes del Congreso sino que también se le debe reconocer una facultad habilitante derivada del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (de más que dudosa constitucionalidad) para poner remedio a las deficiencias de las entidades paraestatales con la facultad, inclusive, de liquidarlas.
Entre los motivos de improcedencia se dice que los trabajadores, en lo personal, no acreditaron su condición, por lo que no se les debe reconocer interés jurídico en el amparo, afirmando que no se ofrecieron pruebas de su condición de trabajadores. Con ello la sentencia pone de manifiesto que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por los terceros perjudicados, olvidando que obra en el expediente la copia certificada de las actuaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje promovidas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se lista a la totalidad de los trabajadores de LFC. La juez invoca una copia simple de esa demanda que se acompañó a la demanda de amparo pero se le olvidó tomar en cuenta la copia certificada de esas actuaciones que exhibió el sindicato quejoso.
Lo esencial de la falta de fundamentación de la sentencia lo constituye el hecho de que ignora el contenido de la fracción I del artículo 89 constitucional que fija las facultades del Poder Ejecutivo, e inventa una facultad habilitante que no está prevista en la Constitución. Porque el Ejecutivo puede hacer lo que la Constitución le permite pero no otras cosas que no estén previstas en la propia Constitución, de acuerdo con el principio de derecho de que las autoridades no pueden hacer sino lo que les está permitido y evidentemente que no hay ninguna disposición constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades que no están previstas.
Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.
No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.
Niega la juez Coutiño amparo al SME contra la extinción de LFC
"Hubo mano negra", señala la defensa
Afirma que la funcionaria se dejó presionar por sus superiores de la Judicatura, a la que acaba de llegar Cabeza de Vaca, incondicional de Calderón
Electricistas marcharon del Monumento a la Revolución a la Junta Federal de Conciliación y ArbitrajeFoto Carlos Ramos Mamahua
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada Sábado 12 de diciembre de 2009, p. 3
Después de un mes de analizar los alegatos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del gobierno del presidente Felipe Calderón, la juez federal Guillermina Coutiño Mata negó este viernes a los trabajadores el amparo solicitado contra el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), resolución que puede ser impugnada por los quejosos durante los próximos 10 días hábiles.
Antes de las nueve horas la juez notificó su sentencia, en la que avala la legalidad del decreto presidencial –emitido el pasado 11 de octubre– y considera que no existió violación de garantías que agraviaran al SME o sus afiliados.
Premisa falsa
Luego, mediante un extenso comunicado, Coutiño detalló que, contrario a lo que sostiene el sindicato, es constitucional el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que permite al titular del Ejecutivo federal liquidar organismos descentralizados cuya existencia afecte las finanzas públicas y la economía del país.
El argumento de la quejosa para demostrar la violación a la garantía de audiencia parte de la premisa falsa de que quienes laboran en una entidad de la administración pública federal tienen derecho a que, para conservar sus empleos, la misma subsista a pesar de que su existencia sea gravosa desde el punto de vista de la economía nacional, o no contribuya para mejorarla, así como cuando no beneficia el interés público que subyace en el objetivo de su operación, sobre todo cuando hay otros medios para prestar el mismo servicio público, refiere la sentencia.
Añade: "siendo el Poder Judicial de la Federación el encargado de velar por el respeto a la Constitución, se decidió no pronunciarse sobre algunos planteamientos de legalidad en materia de derecho del trabajo, ya que su análisis corresponde en primer término a la junta especial número cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la que el sindicato quejoso formuló los mismos planteamientos.
Esta decisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues esos argumentos de legalidad en materia de trabajo serán analizados por la mencionada junta, por habérsele propuesto, además de que, en caso de que la resolución que emita dicha autoridad fuera contraria a los intereses del SME, éste puede promover el medio de defensa previsto legalmente para tal efecto, indicó la juez.
Acerca de que la extinción de LFC dejó sin empleo a más de 40 mil trabajadores, la juzgadora expuso: si bien la emisión del decreto reclamado tiene como consecuencia la extinción de la fuente de empleo de los trabajadores, lo cierto es que no les restringe para insertarse nuevamente en el mercado laboral, además de que, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, consistente en la prestación de un servicio público tal como el de suministro de energía eléctrica, no es posible acceder a la opción de hacer prevalecer los derechos laborales que exige la parte quejosa.
Sostuvo que el ordenamiento presidencial no privó de ningún derecho a los trabajadores electricistas debido a que no fue una medida de carácter laboral, y rechazó que el Congreso hubiera tenido que dar su aprobación o legislar para extinguir LFC.
Con la emisión de los decretos mencionados, el de creación y extinción de Luz y Fuerza del Centro, en todo momento se observaron los mismos requisitos, lo que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que estatuye que para la extinción de las paraestatales deben seguirse las mismas formalidades que para su creación, explicó.
La titular del juzgado primero de distrito auxiliar consideró también que los actos previos a la liquidación de LFC, consistentes en las opiniones favorables de las secretarías de Hacienda y de Energía para concretar la medida, no afectaron el interés jurídico de los quejosos, porque no obligaban al presidente de la República a decretar la extinción.
Precedente reprochable
Sobre el resolutivo, Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, quien de entrada expresó que la resolución sienta un precedente reprochable y contrario a la misma Constitución, dijo a La Jornada que este litigio terminará resolviéndose en la Suprema Corte, una vez que interpongamos el recurso de revisión ante un (tribunal) colegiado, para que la Corte ejerza su facultad de atracción.
Afirmó que "sin duda hubo mano negra en esta resolución", pues queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal, adonde acaba de llegar (Daniel) Cabeza de Vaca, incondicional de Felipe Calderón.
Carlos de Buen pidió a los trabajadores que aún no pierdan las esperanzas, pues lo más importante es lo que el próximo año digan los ministros.
Puntualizó que mientras la Corte no se pronuncie sobre los argumentos del SME, seguirá vigente la suspensión definitiva en vía de amparo otorgada el pasado 6 de noviembre al sindicato por la juez Coutiño, la cual impide que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dé por concluida la relación laboral entre LFC y los electricistas afiliados al gremio.
Este juicio de amparo, tramitado a petición del SME, es el único litigio en que el Poder Judicial analizará la legalidad del decreto presidencial, pues el Congreso no promovió controversia constitucional para que la Corte se pronunciara directamente sobre el tema.
Además del sindicato como organización gremial, la demanda fue firmada por unos 23 mil afiliados, pero Coutiño la desechó porque 6 mil 835 de esas personas nunca acreditaron ser trabajadores o jubilados de LFC.
Entre los alegatos expuestos por el SME que fueron rechazados por la juez destacan que con la emisión del decreto fueron violados los artículos 14 y 16 de la Constitución, por indebida motivación y fundamentación legal del decreto y por no dar audiencia previa al SME; 73, fracción décima, por invasión del Ejecutivo a la esfera de atribuciones del Legislativo, y 123, que tutela los derechos laborales.
