Redacción
| Jueves 10 de Noviembre de 2011 |
| En la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías cometen violaciones de derechos humanos y casi ningún caso es investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en su más reciente informe. El informe de 229 páginas, "Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México", publicado ayer y que toma como ejemplo lo ocurrido en Baja California, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del presidente Felipe Calderón en la lucha contra los carteles de narcotráfico. A través de investigaciones llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad han participado en más de 170 casos de tortura, 39 "desapariciones" y 24 ejecuciones de diciembre de 2006 a la fecha.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil. En los cinco estados relevados -Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco- Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos. Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos, apunta. Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas -como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen- para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.
En varias oportunidades, el presidente ha declarado que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico eran delincuentes, añade. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, subraya. Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen "confesiones" de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos. |
"En vez de reducir la violencia, la 'guerra contra el narcotráfico' de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas", expresó Vivanco. "Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos".Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente
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